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Recalde, a través de la Resolución Nº 2761, resolvió la implementación y aplicación de la actualización del Reglamento de Personal de Yacyretá, aprobado el 10 de octubre del 2013 que permitirá a consejeros, directores ejecutivos y personal ejecutivo acceder a millonarias indemnizaciones con un mínimo de antigüedad dentro de la institución, beneficios que no les corresponden porque son cargos de confianza, razón por la cual temporales, que se observan con cada nuevo gobierno que asume el poder por un espacio de cinco años, según especialistas.
Además encomendó al área de asesoría jurídica la conformación y coordinación de una comisión técnica integrada por representantes de coordinación de relaciones laborales de los sectores, administrativo, financiero, asesoría jurídica, también de los sindicatos que cuenten con personería jurídica reconocida por el Ministerio de Trabajo para formular un acuerdo bipartito sobre lo dispuestos en el artículo 2, que deberá ser inscripto ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Según nuestras fuentes, el cuestionado reglamento había sido promocionado por los directores argentinos salientes en aquella oportunidad, encabezados por Óscar Thomas y un grupo de consejeros ante la inminencia de la derrota del kirchnerismo en las elecciones generales pasadas. Los mismos se embolsaron millonarias liquidaciones que derivaron en que el gobierno entrante –de Mauricio Macri– promoviera demandas por la que tuvieron que devolver lo percibido, y ahora ese mismo libreto se pretende repetir del lado paraguayo.
En el artículo 2 de esta resolución se ordena al departamento administrativo la implementación y aplicación de la actualización del reglamento de personal de la EBY aprobado por resolución C.A. Nº 3320.
Por otro lado, el director paraguayo suspende la aplicación del artículo en el cual Yacyretá solicitaba la exoneración del impuesto a la renta personal (IRP) de sus trabajadores, que había sido pedido por los mismos con el objetivo porque entienden que gozan de los mismos derechos que los funcionarios del lado argentino, donde la EBY se responsabiliza del pago de los impuestos de sus empleados.
En 1987, al implementarse el IRP en la Argentina, a través del artículo en el que señala que Yacyretá, no abonara impuesto alguno sobre desembolso de recursos financieros a personas físicas y jurídicas, personales argentinos, pidieron la exoneración del pago del citado impuesto, motivo por lo que la dirección argentina de la EBY emitió una resolución donde manifestó que el ente se hacía cargo del pago del impuesto.