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El abogado añadió que hay una sentencia definitiva que ordena la restitución del inmueble a Justo Alcides Silvero. De igual manera, hay dos órdenes de desahucio de los ocupantes. Agregó que solo falta que se cumpla para que la situación siga el curso de la ley.
Explicó que la defensa de los ocupantes no puede enmarcarse dentro de una situación de lucha social, ya que los mismos no son pequeños campesinos sin tierras. Aseguró que el propietario no está ajeno a donar incluso una parte del terreno para la municipalidad, para sus necesidades sociales; pero que no puede renunciar a sus derechos de posesión sobre la finca que le fuera sustraída hace 17 años, por medio de una invasión.
El letrado dijo que le extraña que los ocupantes no hayan recurrido a los estrados judiciales para defender la posesión de las tierras si es que poseen títulos legítimos de propiedad, tal como alegan.
En setiembre de 2009 salió la sentencia definitiva, que ordena la restitución de la finca 2382 a Justo Alcides Silvero. En octubre de 2.010, ante el incumplimiento de la sentencia de restitución, salió una orden judicial de desahucio contra los ocupantes y no se ejecutó el mandato judicial.
En noviembre de este año salió otra orden de desalojo que es amenazada de ser resistida de la misma forma que la anterior. El argumento es que la orden se refiere a otra finca ubicada en Ñacunday.