La nueva normativa, que entrará a regir desde el 1 de febrero próximo, establece como requisito obligatorio de trámite previo a todo procedimiento o gestión ante el SNC, la registración del plano georreferenciado correspondiente a cada inmueble, a través del procedimiento “Planos georreferenciados para ubicación de propiedad”.
Se exceptúa de este procedimiento a todos aquellos inmuebles cuyos propietarios hayan dado cumplimiento a la registración del plano georreferenciado por el SNC a partir de agosto de 2013.
Los afectados que se comunicaron con la redacción de ABC Color, que prefirieron que sus nombres se mantengan en reserva, cuestionaron la disposición porque obliga a que se realicen de nuevo todos los planos de inmuebles del país que tengan padrón y se registren previamente antes de efectuar cualquier operación, como venta, hipoteca, usufructo o fideicomiso.
Además, indicaron que Catastro dispuso que desde febrero ya no reconocerán los planos georreferenciados aprobados ya por la institución antes de agosto de 2013.
Sostienen que el sistema de registración no varió, los funcionarios son los mismos y son planos actualizados, verificados por los mismos funcionarios, sin embargo, le quitan la validez.
Consideran que con esta nueva resolución el propietario de un establecimiento, por ejemplo en el Chaco, si precisa una hipoteca debe primero hacer nuevamente su plano, debe ser firmado por el ingeniero agrimensor matriculado en Catastro, registrarlo en la oficina de Catastro y luego gestionar su crédito.
Problema y solución
Los afectados también señalaron que en las audiencias que se realizan con la directora de Catastro, Anatalia Aranda de López, esta convoca al doctor ingeniero Sebastián Martínez Cabrera como director de la Asesoría Jurídica del SNC, quien presuntamente se encarga de repartir su tarjeta personal e indicar a los interesados que tiene un equipo que realiza los trabajos de títulos, de planos y de esta manera induciría a una solución.
Sobre este punto fueron consultados la directora de Catastro y Martínez Cabrera, pero las respuestas dadas se contradicen. Por un lado, Aranda de López señaló que este no es asesor de la institución sino que formaba parte de un equipo que trabajó por dos meses para el cierre del programa Procard, contratado por Naciones Unidas, ni tenía conocimiento de que en ninguna reunión haya sido presentado como director jurídico.
Martínez Cabrera, por su parte, dijo que trabajó en los programas Dinacae y Procard, pero nunca se desempeñó como director de la Asesoría Jurídica de Catastro. Sin embargo, afirmó que es asesor jurídico de la Dirección, pero no como funcionario sino como contratado y, como tal, reconoció que participó de algunas reuniones en que los expedientes tramitados tenían problemas, pero negó que haya ofrecido ningún servicio como se denuncia.
Cambios
En cuanto a los reclamos por la resolución, la titular del SNC expresó que la entidad dará un nuevo servicio que es el registro y cotejo de planos.
Explicó que la medida ya fue dispuesta por decreto en el año 2000, pero no fue posible implementarla por falta de información geográfica, lo que hoy ya se tiene.
Indicó que el propietario que quiere vender sus tierras tiene que presentar los planos, aprobarlos y sobre eso el escribano hace la escritura.
Sostuvo que existen muchas tierras que no tienen planos y para certificar una parcela se tiene que tener el título y buscar geográficamente dónde está la parcela. Esa gestión lo hace el Catastro.
A su criterio no habrá problemas para la implementación de esta normativa y considera que es normal que existan críticas. Aseguró que no afectará a los que ya están registrados, solo en el caso de que quieran dividir o fraccionar su parcela.