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Así, las principales disminuciones (cerca del 40%) recayeron sobre las inversiones, como compra de tierras y construcción de viviendas, teniendo en cuenta que los incrementos salariales aprobados no pueden ser afectados, según detallaron.
No obstante, algunos rubros como la compra de tierras y viviendas normalmente eran financiadas con bonos y no con recursos genuinos (impuestos).
Según las explicaciones, el resto será distribuido en las diversas partidas del gasto corriente que conforman el Presupuesto aprobado. Aclararon que en ningún caso las entidades tendrán un Plan Financiero inferior a lo ejecutado en el 2017. Otro aspecto incorporado en la disposición de Plan Financiero, según informaron, es la programación del gasto corriente primario en año electoral, que no debe superar el 60% de enero a julio del presente año.
El Plan Financiero emitido esta semana presenta una disminución de aproximadamente US$ 80 millones con respecto al Presupuesto General 2018, considerando los incrementos salariales aprobados en el Congreso para este año y las recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia (exoneración del IVA a cooperativas y devolución de IVA crédito a agroexportadoras), que restan recursos al Tesoro Nacional.
Esta medida de racionalización plasmada en el Plan Financiero tiene por objetivo ajustar la programación presupuestaria a la capacidad financiera del Estado para cubrir los gastos aprobados en la Ley de Presupuesto.
De todas formas, las disposiciones tomadas en el referido plan no llegan a afectar a las reparticiones de los poderes Legislativo y Judicial, siendo distribuida la disminución entre las demás entidades del sector público, según el Decreto Presidencial 8577/2018.