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El depósito paraguayo en el puerto franco de Paranaguá está funcionando a pleno según lo que demuestran recibos expedidos entre el año pasado y este (ver facsimilares).
El depósito está en manos del consorcio Mercosul, que por contrato debía pagar de canon aproximadamente US$ 900.000 por año a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), pero hasta el momento elude ese compromiso con la excusa de que un litigio judicial mantiene inhabilitada la cinta transportadora.
Hace un buen tiempo que los sindicatos de Puertos advierten que los embarques se vienen realizando por vía convencional, mediante camiones, para evitar utilizar la cinta y por ende pagarle a la ANNP.
Justamente la cuestión de la inutilización de la cinta era el argumento de los consejeros miembros del directorio de ANNP para justificar que la institución deje de percibir US$ 1.800.000, si se tiene en cuenta que el contrato con Mercosul, cuyo representante es Jaime Zorteto, se firmó a inicios del año pasado.
En el momento de la firma del contrato, Mercosul adelantó a ANNP US$ 450.000, pero además debió pagar US$ 0,90 por cada tonelada que embarca a través de la cinta transportadora e incluso se comprometió a asegurar una operación mínima de 1.000 toneladas por año.
Se había pedido informes
Sobre este tema intentamos conversar ayer con el miembro del directorio y vocero de ANNP, abogado Miguel Marín, pero nos dijeron que se encontraba en una reunión.
El la última conversación con nuestro diario dijo que solicitaron informes sobre el caso Paranaguá, al asumir en el cargo él y los otros dos nuevos consejeros.
Añadió que la información que ellos manejaban es que, al no estar habilitada la cinta la ANNP no se podía percibir el canon correspondiente por su utilización.
Sin embargo, todo indica que los embarques continúan haciéndose por la vía convencional y que llamativamente la ANNP no se apura en habilitar la cinta y se controle la cantidad de mercadería embarcada.
Procuraduría pidió informe
Semanas atrás, el procurador general de la República, abogado Roberto Moreno, solicitó informes al presidente de la ANNP, Héctor Duarte, sobre el caso Paranaguá, pero nunca trascendió el resultado del análisis, si es que hubo.
Poco tiempo después se produjo el desplazamiento de tres consejeros de la ANNP. Uno de ellos fue Gregorio Lezcano, uno de los defensores del otorgamiento en concesión de este silo, como así también del Puerto de Villeta, donde una empresa fantasma es una de las concesionarias del puerto.
Llamativamente en este último caso la Procuraduría ni siquiera pidió informes, pese a las denuncias.