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Antes del anuncio de la medida de fuerza, Poder Ciudadano -con la firma de 668 personas- hizo el planteamiento, alegando que la Ley 1590/2000 establece que el transporte público es un servicio básico. El juez de J. Augusto Saldívar, Osvaldo Cáceres Troche, luego de analizarlo lo rechazó y archivó, argumentando que en el escrito no se consignó si es que los amparistas tienen algún litigio judicial pendiente con Cetrapam, tal como estipula la ley.