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Mientras la ministra Soledad Núñez anuncia millonarias inversiones en la construcción de viviendas sociales a lo largo de este año, en la Senavitat “duermen” los expedientes de personas que en teoría ya fueron beneficiadas con los certificados de adjudicación, pero sin que nunca se concrete el desembolso a su favor.
Es decir, personas cuyas carpetas ya fueron evaluadas y con las cuales concluyeron que pueden ser sujetos del beneficio, pero la burocracia sigue impidiéndoles cumplir el sueño de la casa propia, y que, posiblemente, terminarán recurriendo a los bancos a causa de la ineficiencia de la institución estatal.
Es el caso, por ejemplo, del matrimonio de Cristhian Alcaraz y Nancy Ayala, quienes en 2011 dieron entrada al pedido y tres años después recibieron la confirmación, pero aún no obtienen el desembolso.
Según relataron, en julio del año pasado recibieron el certificado de subsidio por el monto de G. 170.000.000 para la adquisición de una vivienda.
Diez meses pasaron y la Senavitat todavía no les hace el desembolso. Los afectados comentaron que están a punto de perder la oferta que consiguieron para adquirir una vivienda en Villa Elisa, debido al atraso de la Senavitat.
Alcaraz dijo que la explicación que recibe en la institución cada vez que deambula por las oficinas de la institución en busca de una salida, es que por un “error” en la tramitación de sus documentos los funcionarios no consideraron que el salario que percibe es superior al que corresponde para la categoría de subsidio con que fue beneficiado.
Es decir, se debe anular todo el procedimiento y volver a tramitarlo desde el principio para otorgarle un monto mayor al solicitado.
En este caso no hay posibilidad de que los denunciantes retiren el monto que se les adjudicó, pues el sistema no les permitiría, según explicaron fuentes de la asesoría jurídica de la institución. Prometieron que en dos semanas a más tardar tendrán una respuesta.
En bancos de plaza no tardan tres meses
Los bancos de plaza otorgan créditos hipotecarios y su tramitación no demora más de tres meses, cuando los interesados, como en el caso que se planteó, reúnen todos los requisitos, según las averiguaciones hechas.
En el Banco Nacional de Fomento, por ejemplo, el promedio de tiempo de tramitación es de ocho meses, a partir de la solicitud.