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El reincidente director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ing. Ángel Recalde, según medios informativos locales, entre ellas la gubernamental IP (Agencia de Información Paraguaya), tras el frustrado intento de hacer aprobar la Nota Reversal N° 2/17, que los ministros de Relaciones Exteriores de nuestro país y Argentina, Eladio Loizaga y Jorge Faurie, firmaron el 28 de setiembre del año pasado, manifestaba su “preocupación por el no tratamiento de temas que son trascendentes para nuestro país; ... hoy la entidad es una entidad en quiebra, la deuda es mayor a su activo, sin embargo con los acuerdos firmados hay una disminución del 76% de las deudas”.
Apuntemos que este instrumento fue firmado el 28 de setiembre del año pasado y que su remisión a la Cámara Alta data del día 4 del presente mes, o sea casi nueve meses después. En otras palabras, El Poder Ejecutivo “cajoneó” la Nota Reversal durante casi nueve meses y en ese insólito proceso de gestación nadie del Gobierno manifestó su “preocupación” por el no tratamiento del trascendental asunto.
Separemos otra porción de las declaraciones del aún director de la EBY: “Nosotros como país no tenemos que pagar un solo dólar partido por la mitad. El Paraguay no le debe un solo dólar a la Argentina, quien le debe al sector argentino es la fábrica donde somos copropietarios. La fábrica tiene que pagar, no los accionistas”.
Si la EBY está en quiebra, es elemental que sus responsables expliquen, hasta el último detalle, la razón de estar en quiebra. El país así les requiere.
¿Qué pasó con la valiosa mercadería de la EBY, su energía eléctrica?, es la siguiente pregunta indispensable. ¿Acaso no tuvieron en cuenta el costo del servicio de electricidad de Yacyretá o alguien la aprovechó sin pagar sus facturas?
Según la información oficial, desde el momento en que la usina comenzó a producir energía en 1994, hasta la fecha inclusive, el sistema argentino aprovechó casi el 96% de toda la producción Yacyretá en ese periodo y el nuestro el 4% restante.
Si la deuda de la EBY formaba parte del costo de servicio de la usina, deberá explicarse, fehacientemente, adónde fueron a parar esos recursos que debieron ingresar por sus ventas.
“La deuda (de la EBY) es mayor a su activo; sin embargo, con los acuerdos firmados hay una disminución del 76%”, decía Recalde.
Debería revisarse incluso watt hora por watt hora la producción total de Yacyretá en casi 24 años de producción, calcular su costo, actualizarlo y cotejar la cifra resultante con la “deuda” que según Recalde fue disminuida en un 76%.
El siguiente paso sería expurgar la deuda de intereses, así como lo consagra el Tratado, y al saldo, si lo hubiere, aplicarle el criterio que consta en el numeral IX del Anexo C “... y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”, o sea el de la proporcionalidad.
En lo atinente a que la fábrica es la que paga, no los accionistas, el Tratado enseña que la fábrica pertenece a las altas partes contratantes (50% y 50%), en “igualdad de derechos y obligaciones”, y que al saldo de la deuda que debe aplicarse el criterio de la proporcionalidad.
Una tarifa sobrefacturada
De aprobarse la modificación del Anexo C la pregunta es cómo pagarán los ‘accionistas’ la deuda que se impone a la EBY. Obviamente a través de la tarifa que establezca para su producto. En otras palabras, también el usuario paraguayo pagará esa deuda al comprar la energía de Yacyretá. O sea, nuestro país, a través de la tarifa sobrefacturada, porque incluirá la deuda argentina y los beneficios que no nos fueron abonados (compensación por territorio inundado), pagará también por la energía que consumió el mercado argentino en los últimos 24 años.
Por último, el costo del proyecto Aña Cua también se descargará sobre el costo de Yacyretá, luego la relación entre la obra y la NR N° 2 es innegable.