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El consorcio OTING fue adjudicado en el año 2009 con un contrato para diseñar la Ruta III y la autopista Ñu Guasu. El contrato fue por G. 3.773.588.500, según confirmó ayer el director de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el ingeniero Ignacio Gómez. En ambos proyectos diseñados por OTING existe la penosa coincidencia de que sus múltiples defectos obligaron a elevar el presupuesto para las obras.
OTING está formado por las empresas INGSER (Consorcio Unzaín) y OTEC.
En esta última se presenta como responsable el ingeniero Julio Álvarez, pero quien realmente está detrás, según fuentes del sector de la construcción, es Atilio Heisecke, a quien ayer intentamos contactar, pero no fue posible. Heisecke fue viceministro de Obras durante el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos.
Llamativamente, ni OTEC ni INGSER aparecen en los registros privados de tipo empresarial en general.
Millonario perjuicio por los defectos
El propio ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, se refirió en diversas ocasiones al proyecto de Ñu Guasu como “apenas un dibujo” que hubo que rehacer.
Para tener una idea del perjuicio ocasionado al Estado por esta situación, inicialmente se había previsto un costo de 15 millones de dólares, que luego trepó a US$ 27 millones, más tarde a US$ 34 millones y, finalmente, se adjudicó en unos US$ 41,5 millones (monto global para sus dos tramos), que finalmente se reajustó de nuevo en un 20%.
Así como provocó sucesivas modificaciones en el precio, el diseño deficiente también ocasionó que la obra se atrase en más de dos años.
La misma historia se está repitiendo con el ensanche de la Ruta III, donde las modificaciones introducidas han hecho aumentar el presupuesto, inicialmente de 40 millones de dólares, en 15%, pero podría llegar al 20% que es el tope impuesto por la Ley de Contrataciones Públicas.
En la Ruta III, OTING se “olvidó” nada menos que de los retornos, que ahora el Ministerio de Obras Públicas está incorporando en el proyecto, con unas cuestionadas estructuras aporticadas.
No se trata de aumento de obras, que sí justificaría quizá un reajuste del precio, sino de una modificación del deficiente proyecto.