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El Instituto de Previsión Social (IPS) solicitará vía nota a la Municipalidad de Mariano Roque Alonso la inmediata partición del complejo que está sobre la Transchaco, cuyo fraccionamiento la Comuna condicionó al pago de G. 700 millones por un impuesto, según informaron ayer fuentes oficiales.
El tributo que quiere cobrarle la Comuna al IPS es un impuesto al fraccionamiento, que está previsto en su ley orgánica. Sin embargo, no consideró la Municipalidad que tanto el IPS como la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), que comprará parte del inmueble, están exentos del pago de impuestos como instituciones públicas que son.
El fraccionamiento es un trámite imprescindible, pues la Senavitat comprará solo 19 de las 26 hectáreas que tiene en total el complejo. Se excluye de la operación la parte frontal del complejo, cuyo valor por metro cuadrado es muy superior y no justifica un proyecto de estas características.
El precio de venta acordado es de 35.000 millones de guaraníes. La Senavitat tenía previsto hacer el desembolso este año y someter el proyecto a licitación a más tardar en los primeros meses de 2016. Sin embargo, la obstrucción de la Municipalidad de Mariano está afectando todo el cronograma.
El Ing. Amílcar Guillén, asesor técnico de la Senavitat, lamentó la paralización de los trámites en la Comuna de Mariano de un proyecto de fundamental importancia para la zona, tanto desde el punto de vista de la oferta habitacional como del desarrollo comercial.
Reiteró que la intención de cobrarles el tributo, además de ilegal, no considera la necesidad de impulsar en la zona este tipo de emprendimientos, que más adelante derivará en el aumento de la recaudación por impuesto inmobiliario a favor de la Comuna local.
El proyecto
El proyecto, que ahora la Municipalidad tiene paralizado, consiste en la terminación de departamentos inconclusos del complejo de Mariano y en la construcción de más unidades, de manera a completar una cantidad de 4.000 departamentos.
Estas unidades serán ofrecidas a través de créditos hipotecarios a familias de clase media que estén en condiciones de pagar una cuota de G. 1.500.000 en promedio, a un plazo de 20 años, según los cálculos preliminares.
El proyecto, según la ministra de Senavitat Soledad Núñez, busca dar respuesta a un segmento de la clase media que no encuentra en el mercado ofertas inmobiliarias acordes con sus posibilidades.