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Si bien el presidente de Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), Ing. Roberto Salinas, dijo ayer que se están buscando todas las salidas posibles para que el emprendimiento sea “equilibrado”, los vecinos de barrios de la capital a ser afectados son tajantes en que “lloverán acciones de inconstitucionalidad” de aprobarse en el Congreso el proyecto de ley “Que establece el procedimiento para la rehabilitación del ferrocarril Pdte. Carlos Antonio López y la implementación de su primera etapa como tren de cercanías, tramo Asunción-Ypacaraí”.
El proyecto establece que “en un margen de superficie mínimo de 7 metros a cada lado del terraplenado para las vías, los propietarios deben someterse a una restricción administrativa en beneficio del interés general (consagrado en el Art. 128 de la Constitución) y de la seguridad de las personas, y por esa razón está prohibida toda construcción en dicha superficie”. En conversación con este diario, Salinas afirmó que esta semana se debe definir el texto del documento a ser tratado en la Cámara Alta, pues “estamos a contrarreloj”, considerando el poco tiempo que le resta al Gobierno actual.
Dijo que después de aprobarse la ley, prevén seguir el plan del tren de cercanías, que ya tiene a cuatro grupos de empresas precalificadas desde fines de 2015 y que pujarían para la ejecución de la obra. La etapa final sería la regularización de los títulos de todo el trayecto del tren a favor de Fepasa.
“Lloverán acciones”
El Dr. Wilfrido Fernández, vocero de la Coordinadora Nacional de Comisiones Vecinales, resaltó, sin embargo, que no se puede plantear el ingreso del tren al ejido urbano sin la indemnización debida, pues de las 1.000 familias afectadas por el trazado de la vías del tren, al menos 40% cuenta con títulos correctamente anotados en los Registros Públicos. Otro grupo, de la zona de Barrio Jara, no los tiene porque en el pasado, cuando trataron de gestionarlos, tanto la municipalidad como Fepasa “se pasaron la pelota” sobre a quién corresponde cobrar, por lo que terminaron pagando alquiler a la Comuna –y lo hacen hasta hoy–, sin documentos de propiedad”.
Un tercer grupo es el de unas 200 familias asentadas precariamente sobre las vías, a quienes el Gobierno prevé reubicar a través de un trabajo de la Secretaría de la Vivienda, que actualmente está terminando el proyecto ejecutivo al respecto.
Fernández subrayó que el proyecto de ley sólo prevé la relocalización de este tercer grupo, mientras que los pobladores que se encuentran en las dos situaciones mencionadas anteriormente fueron excluidos. Incluso, no se pensó en el Hospital de la Cruz Roja, el colegio Dahlquist y la subestación de la ANDE, cuyos accesos en la Avda. Artigas quedarían obstruidos por el área del ferrocarril. Por eso, la propuesta de los vecinos es que el tren de cercanías pase por la Costanera de Asunción, a fin de evitar innumerables perjuicios materiales y sociales, o bien, pagar las indemnizaciones, que serían millonarias.
Hoy, reunión en Senado
El senador Enrique Bacchetta informó que se prevé para hoy una reunión entre abogados de Fepasa y de la Cámara Alta, para definir el tema indemnización, “que es lo que ha trabado el proyecto”. La idea es que se trate en 15 días o a lo sumo, en un mes, según resaltó.