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Según se desprende del proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para el 2018, la SET contempla dentro de su plan de gastos destinar G. 40.000 millones, unos US$ 7,1 millones para el rubro 849, categorizado como “otras transferencias corrientes”, que mayormente corresponden a los pagos extras, como las partidas acreditadas a los funcionarios en concepto de multas cobradas a los contribuyentes. Este rubro tuvo un incremento del 100% con respecto al presupuesto vigente, de G. 20.000 millones, según los datos.
El monto previsto en pagos extras por la SET y que fue autorizado por el Ejecutivo y ahora se plantea al Congreso, cubre hasta cinco veces el presupuesto total asignado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que goza de rango de ministerio y tiene un plan de gastos de G. 8.300 millones (US$ 1,4 millones) para el 2018. También duplica al presupuesto de la Secretaría Nacional de la Tecnología de la Información y Comunicación (Senatic) de G. 19.810 millones (US$ 3,5 millones) y casi iguala al plan de gastos de la Secretaría Nacional Antidrogras (Senad), al que fue asignado G. 48.800 millones, para el combate contra el narcotráfico.
De esta forma, las asignaciones extras privarán al Estado de disponer de G. 40.000 millones en recursos que bien pueden servir para ampliar el subsidio estatal a casi 7.000 adultos mayores, o la posibilidad de cubrir otras necesidades básicas en salud y educación.
Repartija en la SET
La repartición de multas entre funcionarios de la SET se realiza desde el 2004 a partir de la modificación del artículo 239 de la Ley 125, donde se autorizó la repartición del 50% de las sanciones cobradas a los contribuyentes. Sin embargo, los anteriores viceministros no se incluyeron en el beneficio. Recién en marzo del 2015, la actual viceministra Marta González, mediante la resolución interna 12/15, dispuso un nuevo ordenamiento con mayor proporción a los cargos directivos. Eso ocurrió en coincidencia con varios operativos de megaevasión que se sucedieron simultáneamente. A partir de abril de 2015 a julio del presente año, González percibió en concepto de multas alrededor de G. 497 millones y en igual proporción un selecto grupo de funcionarios, quienes vienen cobrando al tope permitido de 10 salarios mínimos al mes, unos G. 20.000.000, sin perjuicio de recibir los créditos favorables en los próximos meses.
Incluso, corre en el Legislativo un proyecto para endurecer aún más las sanciones a los contribuyentes.
Derogación de normativa
Debido a los alarmantes montos que se vienen acreditando a los funcionarios de la SET y Aduanas, varios sectores, como gremios empresariales, contadores y legisladores, coincidieron en que la normativa respecto a las multas debe ser revisada e incluso derogada, o bien establecer criterios más justos al respecto.