Proyectan endurecer la ley contra deforestación

La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), presidido por el senador Nelson Aguinagalde, proyecta una ley con el que endurecerán las sanciones a la deforestación; y hasta el dueño de un bosque invadido por “campesinos sin rollo” podría ir preso.

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El proyecto que pretende sancionar “la tenencia y tráfico ilegal de rollos de madera, la tala ilegal de árboles y la deforestación” fue elaborado por los parlamentarios Mario Abdo Benítez, Óscar Salomón, Arnoldo Wiens, Nelson Aguinagalde, Luis Alberto Wagner, Juan Darío Monges y Julio César Velázquez.

La propuesta de normativa cuenta con 10 artículos, algunos de los cuales se refieren a protección ambiental, tenencia ilegal de rollos de madera, tráfico ilegal de rollos de madera, tala ilegal de árboles y deforestación.

En la exposición de motivos, los proyectistas explican que se pretende dotar al sistema penal de sanciones más severas, teniendo en cuenta la fragilidad del bien jurídico protegido en la actualidad, que es la masa boscosa de nuestro país.

Según el artículo segundo del documento en estudio, “el propietario, arrendatario, poseedor, encargado o quien por cualquier título tuviera dominio de un inmueble donde se encontraren rollos de madera de especies nativas o sus derivados, sin respaldo legal suficiente expedidas por la autoridad forestal y ambiental nacional, será sancionado con cinco a diez años de pena privativa de libertad”.

Con este artículo, hasta los propietarios cuyos bosques sean invadidos en algún momento por campesinos o rolleros podrían ir a la cárcel.

En el mismo artículo proyectado, se señala que “si el lugar donde se encontraren los rollos de madera de especies nativas o sus derivados, sin respaldo legal suficiente expedida por la autoridad forestal y ambiental nacional fuese un establecimiento comercial o industrial, se dispondrá por orden judicial la clausura por el término de cinco años, contados desde que la resolución que así lo disponga quede firme y ejecutoriada”.

El proyecto va más allá de la “ley de prohibición de cambio de uso de la tierra” (deforestación cero) y apunta a castigar con cinco años de cárcel al propietario en cuya finca se detecte la tala de más de 60 árboles por hectárea, o más de dos hectáreas de desaparición boscosa, en todo el territorio nacional. Los proyectistas alegan apoyo de Fecoprod y de Fepama.

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