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El importante Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra y Censo de Colonias, que arrancó el 7 de febrero de este año, se encuentra paralizado “en el limbo jurídico”, en espera de que se establezcan las consecuencias de la rescisión de los contratos, informó ayer el presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Dr. Juan Carlos Ramírez Montalbetti.
Destacó que la reanudación de los trabajos queda como desafío para el próximo gobierno, sea por medio de la tercerización, previa licitación, o directamente por medio del Indert, con la incorporación de nuevos recursos humanos calificados.
Explicó que, tras recibir las denuncias de manejos irregulares de los fondos del programa, y luego de impedirse el intento de auditar sobre los gastos del programa realizados por la Adepo, no le quedó otra opción a su administración que paralizarlo para hacer un corte y marcar una relación jurídica con dicha ONG.
“Lo que pasó fue que en el objetivo de los trabajos de campo, hacer censos en 1.147 colonias, que implican unos 220.000 lotes, con 120.000 ocupantes, se sobredimensionó la capacidad de trabajo y la posibilidad de terminar semejante tarea en tan poco tiempo”, alegó Ramírez.
Sin embargo, ante la negativa de Adepo de someterse a una auditoría del Indert y con los pocos resultados que logró en lo concerniente a unidades censadas a pesar de haber aplicado ya el 41% del presupuesto total, no quedó otra opción que buscar una solución jurídica, explicó.
Añadió que, hasta el momento, todo es presunción sobre las posibles irregularidades en el manejo de los fondos.
Consultado sobre la acusación de los directivos de Adepo, que la incorporación de funcionarios del Indert en los trabajos de campo implicó una sextuplicación de los costos operativos del proyecto, respondió que justamente eso pretendían investigar, controlando la contabilidad de la Adepo en lo atinente al censo.
Ramírez Montalbetti informó que para esa tarea destinaron unos 400 funcionarios del Indert, quedando afectada la institución en su operatividad, durante la realización de trabajos.
“El Indert puede continuar convocando a una licitación para tercerizar nuevamente, o hacerlo por sí mismo, contratando nuevos funcionarios, porque lo que se hizo fue desvestir a un santo para vestir a otro”, expresó.
Añadió que su administración está trabajando actualmente en poner las cosas claras, marcando un antes y un después, para que el próximo presidente del ente tenga el panorama completo de la situación, con todos los elementos, y pueda tomar las decisiones que le parezcan correctas para el bien del país.
“Yo recuerdo que la crítica de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), antes del inicio del censo de colonias, era precisamente para señalar la falta de licitación y la adjudicación directa a la Adepo por parte de la administración anterior del Indert”, comentó.
También dijo que la UEP del Indert deberá ser reestructurada y que en la Adepo hay técnicos interesantes que podrían continuar en el programa bajo la modalidad de contratos con el Indert.
“Hay técnicos muy capacitados y otros que no sean los funcionarios, pero eso se deberá hacer en el próximo gobierno; sería un atrevimiento que contratara gente quedando apenas 30 días para finalizar la gestión”, aseveró.
Refirió igualmente que se deberá plantear al Ministerio de Hacienda una reprogramación de los más de G. 10.000 millones que debían ser transferidos a la Adepo, para que pasen al presupuesto del Indert, que se deberá hacer bajo el próximo gobierno.
Avanzó 5%, pero gastó 41%
Para realizar el censo rural del Indert, la Asociación Paraguaya de Estudios de Población (Adepo) se comprometió, entre otras cosas, a georreferenciar 223.225 lotes, pero solo pudo llegar a unos 1.600 lotes con el georreferenciamiento de campo. Igualmente la Adepo se había comprometido al relevamiento demográfico y socioeconómico de 1.140 colonias, pero hasta la paralización del programa apenas alcanzó unas 60 colonias. Adepo ya gastó unos G. 7.500 millones (41% del presupuesto) y existen indicios de una fuerte malversación de recursos. La fiscalía allanó el 11 del corriente el local de Adepo, tras conocerse resultados de una auditoría parcial que detectó irregularidades.