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SAN JOAQUÍN (Víctor Daniel Barrera, corresponsal).El inicio de la referida mensura estaba prevista para las 14:00 de ayer, y los funcionarios del Indert designados para este trabajo debían partir desde el Juzgado de Paz de San Joaquín, pero finalmente, casi en el mismo horario, el ente anunció, comunicado de prensa mediante, que debió ordenar la suspensión de las tareas.
“La comitiva judicial y técnicos del Indert no pudo ejecutar el inicio de la mensura por la ausencia de garantías para llevar adelante el trabajo ante la movilización de los pobladores. Esta determinación fue asumida por la jueza de Paz, en lo Civil, Comercial y Laboral, Lilian Lezcano, luego de la manifestación de los pobladores del lugar que se oponen tajantemente a la realización de la diligencia”, argumentó la entidad rural.
Se refería a la presencia previa de unas 800 personas de la fracción Tajy Poty de este distrito, que se reunieron inicialmente en la plaza principal de San Joaquín con el fin justamente de forzar la suspensión de la mensura judicial de unas 64.000 hectáreas de tierras de la ex-Finat, que aún están a nombre del Banco Nacional de Fomento (BNF) y deben ser transferidas al Indert.
Estas tierras se encuentran entre los departamentos de Caaguazú, San Pedro y Canindeyú, y el objetivo sería verificar cuántas hectáreas de terreno existen realmente. De las 64.000 hectáreas, unas 10.000 corresponden a la fracción Tajy Poty, donde están asentadas alrededor de 1.000 familias que se verían afectadas en caso de algún desalojo, como temen los pobladores.
Tras la reunión en la plaza San Joaquín, los manifestantes marcharon unas dos cuadras hasta el Juzgado de Paz a fin de presionar y esperar la suspensión. Los funcionarios designados para la mensura ya estaban en el lugar y aseguraron que las mediciones iban a ayudar a regularizar la tenencia de las respectivas parcelas por parte de sus actuales ocupantes, es decir que, en ese sentido, los mayores beneficiarios serían los labriegos de la zona, atendiendo que podrán gestionar títulos definitivos.
De todas formas, los campesinos de la colonia Tajy Poty se mantuvieron en su posición de oponerse a la mensura judicial ordenada, para la cual ahora debe fijarse una nueva fecha.
Brinda garantías, dice
A pesar de la suspensión de ayer, “una vez más el Indert aclara que brinda todas las garantías a los ocupantes de las fincas administradas por el ente en Caaguazú, pues los trabajos técnicos servirán para la regularización jurídica de tierras y no para despojar a nadie de su propiedad. Las familias beneficiarias de la reforma agraria no perderán sus derechos”, dice también el comunicado emitido.
SE HABLA DE “INTRIGAS”
La mensura judicial es exclusivamente para determinar un excedente de esas fincas y pueda ser inscripto en los registros públicos a nombre del Indert, “y no es para ninguna otra cosa más, como están intrigando ciertas personas que no tienen la suficiente información sobre la presente mensura o actúan de mala fe”, decía un primer comunicado dado a conocer antes de suspenderse los trabajos. Las tierras de ex-Finap comprenden, entre otras, la finca Nº 13 de Yhú, con padrón matriz Nº 38 de Curuguaty, y que geográficamente corresponde a los lugares conocidos como colonia Tajy Poty, Yby Pyajhú, Olla Ruguá, colonia Mariscal López y otros incluidos en esos distritos, según el Indert.