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Agricultores asociados a varias cooperativas cuestionaron duramente al titular del Indert, Justo Cárdenas, porque ha llevado adelante desalojos sin orden judicial en la colonia Santa Lucía, con el argumento de que se trata de una recuperación de tierras que estaban en manos de no sujetos de la reforma agraria.
Al respecto, la presidenta del gremio Unicoop, Simona Cavazzutti, indicó que si el ente hace bien su trabajo, todo el sector le acompañará en la recuperación de propiedades, pero eso debe realizarse dentro del marco de la ley y no como se viene haciendo en la actualidad. “Nosotros no buscamos privilegios y ningún tipo de tratamiento especial. Lo que queremos es que los organismos como el Indert hagan respetar la ley. En ese sentido, la ley del Estatuto Agrario es bien clara sobre quién es sujeto de la reforma agraria, quién tiene derecho y a quién no se puede sacarle su título. Tenemos mucha gente que desde hace muchos años vive en sus lotes, pagó todo, pero no se regulariza su situación”, subrayó.
Por un lado, hay casos en los que compatriotas tienen la ocupación y posesión de sus tierras desde hace muchos años, pero al no contar con título definitivo, corren el riesgo de ser víctimas de la actual administración del instituto rural. Por el otro, hay personas que tienen títulos, pero aún así fueron violentados sus derechos. “Un productor hace 14 años tiene su título, paga sus impuestos inmobiliarios todos los años y no es posible que se le saque a esa persona sus tierras, por un capricho (haciendo referencia a la gestión de Cárdenas)”, añadió.
Específicamente, Cavazzutti hizo referencia al caso de José Dolores Martínez Achucarro, quien según los datos está hace 21 años en el lugar y desde hace 14 años tiene título de propiedad expedido por Indert.
Martínez dio su testimonio al respecto y explicó que tenía 25 hectáreas en la colonia, pero hace más de un año, cuando el ente rural comenzó a trabajar en el proyecto de la “colonia modelo”, desmembraron su propiedad y usaron una parte de ella para la zona del casco urbano.
Según contó, tenía cabezas de ganado, gallinas y otros animales de corral, pero todo lo perdió, al igual que sus plantaciones. “Perdí entre 300 y 400 millones de guaraníes, me imputaron, me llevaron a la comisaría, los policías venían y entraban a mi casa sin orden judicial, se sentaban en mi sofá. Teníamos mucho miedo con mi familia; tuvimos que enviar a mi hija y mi esposa a Ciudad del Este, donde tenemos parientes, y nos quedamos los varones. Ahora solo espero que me compensen por todo lo que perdí”, manifestó.