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Con la primera etapa del censo agrícola, llamado Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), se pudo verificar la situación de más de 30 colonias, en las que se encontraron lotes en situación irregular, inmuebles con títulos finiquitados y los que no poseen documentos pero están ocupados. Según Jiménez Recalde, lo más importante es dejar al descubierto el modus operandi de personas no sujetas de la reforma agraria para conseguir tierras estatales, en connivencia con funcionarios inescrupulosos, y sobre todo, blindar el sistema para que eso no se repita (ver cuadro).
Por ejemplo, saltó un caso de hermanas adjudicadas irregularmente con dos lotes cada una en una colonia conocida como Núcleo Rural Primavera de Itakyry, Alto Paraná. Se trata en este caso de Ananda Vanessa y Cathia Regina Rocha.
En lo que se refiere a Ananda Rocha, ella presentó una solicitud de unificación de lotes en 2012, cuando tenía 19 años, alegando poseer tres años de ocupación del inmueble (supuestamente desde los 16). Es decir, el ente agrario le adjudicó a una menor de edad.
Además de eso, sin tener vivienda ni mejoras, la oficina regional del Indert, entonces dirigido por Juan León Portillo, dio dictamen favorable a dicha unificación de lotes, que significó entregar mayor extensión de tierras de lo establecido por el Estatuto Agrario (30 Ha, en la Región Oriental).
En el caso de Cathia Rocha, al igual que el expediente de su hermana, la aprobación se tuvo en todos los estamentos del Indert. Hoy, se verificó que ambas viven en otra zona de Alto Paraná y que las tierras son utilizadas para el cultivo extensivo de trigo y soja.
Ambas estaban a punto de obtener título definitivo, firmado por el presidente del instituto, Justo Cárdenas, pero el SIRT frenó los trámites y según comentó Jiménez, el titular del Indert ordenó revertir ese documento y dejarlo sin efecto, además de sumariar a los funcionarios que emitieron resoluciones favorables al pedido de las hermanas Rocha.
Otro caso que saltó es el de un paraguayo llamado Emerson Friedler Dos Santos, quien reúne los requisitos del Estatuto Agrario para ser adjudicado con tierras, pero que exhibió un título burdamente falsificado. El lote en cuestión está ubicado en Colonia Paso Cadena, de Itakyry (Alto Paraná), y según los datos, el caso ya fue derivado a la Fiscalía de San Alberto para su investigación.
Según destacó Jiménez, a través del uso de la tecnología en el relevamiento de datos, que están disponibles en la web (www.sirt-indert.gov.py), se blinda la información de todas las prácticas de corrupción que históricamente se tuvieron en la distribución de tierras.
Tras finalizar la primera etapa, la Junta Asesora del Indert aprobó el inicio de la segunda etapa del SIRT, que tiene como objetivo el relevamiento de datos de las 1.100 colonias del ente.
Financiación del censo
De octubre de 2014 a marzo de 2016, se asignó al SIRT unos US$ 1.967.000, financiados con recursos del Indert, pero a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con ese dinero se logró revelar datos de 36.108 lotes, que implica el costo de US$ 54 por cada lote.
La idea es entregar títulos a quienes ocupan tierras y son sujetos de la reforma agraria, además de recuperar los lotes que fueron entregados irregularmente, con excepción de los que cuentan con título definitivo.