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El Decreto Nº 4774, que reglamenta la Ley Nº 5.554 de Presupuesto General de la Nación, que el Poder Ejecutivo dio a conocer el pasado martes, establece que los nombramientos se realizarán por concurso interno a ser llevado a cabo dentro del primer semestre del año.
La SFP será la entidad encargada de reglamentar los parámetros a ser aplicados para llevar a cabo los concursos internos y deberá tenerlo listo a más tardar a fin de mes.
El artículo 51 de la ley de presupuesto autoriza la implementación gradual de una “política de desprecarización laboral del personal contratado”, exclusivamente para aquellas personas que cuenten como mínimo con cuatro años de antigüedad ininterrumpidos de servicio en relación de dependencia con el mismo organismo o entidad del Estado.
La propuesta fue planteada por el mismo Ejecutivo en el proyecto de ley de presupuesto 2016 presentado a fines de agosto de 2015 y aprobado luego por el Congreso con algunos ajustes.
El año pasado, con este mismo argumento, fueron nombrados 5.000 contratados en el Ministerio de Salud Pública.
El viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Ramón Ramírez, aseguró ayer que los nombramientos se harán estrictamente por concursos y que primero serán para llenar los cargos vacantes y luego, si fuera necesario, se solicitará al Congreso la creación de más cargos para los demás casos.
Insistió en que la reglamentación del presupuesto prohíbe cualquier proceso de desprecarización sin previo concurso para el cargo.
El Ministerio de Hacienda ni la Secretaría de la Función Pública tienen aún datos certeros de cuántos puestos vacantes existen, ya que el informe deberá ser presentado por cada institución a más tardar a fin de este mes.
El ministro de la SFP, Humberto Peralta, dijo a ABC Color que estiman que actualmente existen unos 45.000 contratados, pero dentro de los parámetros de antigüedad de cuatro años o más estarían cerca de 5.000. Sin embargo, estos números se confirmarían una vez que los entes presenten sus respectivos informes, indicó.
Mayor rigidez
La “desprecarización” no es otra cosa que pasar de contratado a funcionario nombrado, lo que implicará mayores salarios y beneficios para el personal a costa de los contribuyentes.
Los nombramientos pasarán a engrosar la lista de funcionarios permanentes del Estado y esta situación hará aumentar los gastos salariales y la rigidez del presupuesto, que impide que el Estado destine mayores recursos a la inversión social e infraestructura.
Hay 289.963 cargos
La ley de presupuesto tiene asignados 289.963 cargos permanentes, lo que representa 2.026 más con relación al año pasado (no significa igual cantidad de funcionarios, porque existen vacancias). En lo que respecta al gasto salarial, el año pasado la administración central destinó G. 13,197 billones (US$ 2.232 millones), lo que implica un aumento de 8,8%.