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El ministro de Hacienda, Benigno López, en ocasión de defender su proyecto de presupuesto institucional ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, el último miércoles, destacó la lotería fiscal como parte de las campañas tributarias a ser impulsadas en 2019.
El plan de gasto de la entidad incluye G. 14.000 millones (US$ 2,3 millones al cambio vigente) para la implementación de este sistema de incentivo para que la ciudadanía exija las boletas al realizar la compra de bienes o servicios.
La Ley N° 2421/04, de reordenamiento administrativo y de adecuación fiscal, en su artículo 261, dispone que la administración tributaria implementará un sistema de lotería fiscal con sorteos mensuales, u otro sistema de incentivos, con premios en dinero en efectivo por un total anual no inferior a G. 14.000 millones ni superior a G. 20.000 millones.
El viceministro de Tributación, Fabián Domínguez, dijo ayer a ABC Color que tras la aprobación del presupuesto 2019 definirán qué tipo de campaña o incentivo será implementado en el transcurso del ejercicio.
A lo largo de los años anteriores el fisco implementó diversos juegos, como la lotería que sorteaba dinero en efectivo entre aquellos que presentaban sus boletas legales, también se hicieron concursos a nivel de colegios nacionales y privados del país, con premios en efectivo y también computadoras, por citar algunos.
Con esto se apunta a fomentar la formalización de la economía y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, más aún en un momento en que el fisco precisa de más recursos para financiar el plan de gasto deficitario y ante un panorama regional complicado, por la crisis que registran principalmente los vecinos Argentina y Brasil.
Esta situación, incluso, ya se empieza a sentir por el gran auge de productos de contrabando, lo que afecta la facturación de las empresas y el fisco deja de percibir impuestos.
El proyecto de presupuesto contempla un déficit de 1,5% del PIB, unos US$ 660 millones, y se corre el riesgo de que se dispare si el Congreso aprueba los mayores gastos, principalmente salarios, solicitados a la Comisión Bicameral.