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Para este trabajo, la Secretaría Nacional Anticorrupción solicitó la intervención del fiscal general adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Carlos Arregui.
La investigación se basa en denuncias periodísticas realizadas en ABC Color y Última Hora, las cuales advierten la configuración de serios hechos de corrupción relacionados con eventuales conductas de funcionarios públicos que, de ser ciertas, podrían constituir faltas administrativas o conductas penalmente reprochables que ameritan ser investigadas, aclaradas y sancionadas por la Secretaria de la Función Pública o por el Ministerio Publico, según lo establecido en la Ley 1626 y 1562 y la Constitución Nacional.
Documentos
La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) añade que, además de las publicaciones periodísticas, existen otras documentaciones a las cuales pudo acceder, entre las que se mencionan: el informe del asesor jurídico de la ANNP Abog. Pedro Candia, de fecha 03/06/2013, al igual que el Memorándum Nº 7 de la gerencia administrativa de la ANNP (sin firma), remitida al entonces presidente Vidal Francia Zaracho, y las notas CGR Nº 7289 del 16/12/10, como la 4152, de fecha 02/07/2010, ambas de la Contraloría General de la República.
En esos informes se advierte la existencia de conductas activas y omisivas de funcionarios de la institución y del mismo exprocurador de la República, José Enrique García, que deben investigarse a través de la presente causa, según las atribuciones conferidas a la Senac por Decreto Nº 10144, como instancia rectora, normativa y estratégica en el diseño, ejecución, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas del Gobierno en materia de anticorrupción, integridad y transparencia, según destaca la Senac en su resolución que aprueba el trabajo investigativo.
Actitud prevaricadora
La Senac agrega que, de acuerdo con lo consignado en el informe jurídico de la ANNP, este refiere, entre otras cosas, que: “… Se ha podido detectar un conjunto de cláusulas cuyo contenido no resultan satisfactorias a los Intereses del Estado, sin dejar de mencionar la actitud prevaricadora del Tribunal de Cuentas, sumada a la desidia negligente por parte del ex procurador de la República y de la asesoría jurídica de la ANNP, de la anterior administración, quienes no recurrieron el fallo …”.
Informe de Airaldi
Se hace mención igualmente a un informe elaborado sobre el caso por el extitular de la Contraloría, Octavio Airaldi.
Este había informado al presidente de la ANNP sobre la indebida adjudicación que en principio se hiciera a favor de la empresa Gical SA, por la inobservancia de los requisitos previstos en el pliego de bases y condiciones, refiriéndose de manera específica a la habilitación operativa de Puertos en Paranaguá.