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La venta de ropas usadas se convirtió en un lucrativo negocio, a tal punto que encendió las luces de alerta de los industriales confeccionistas del país, que se ven afectados directamente por esta práctica ilegal.
En distintos puntos del país abundan los locales comerciales que ofrecen prendas de segunda mano traídas de EE.UU. principalmente, aunque también se encuentran en abundancia otras provenientes del Brasil. Lo más llamativo es que estos artículos se ofrecen abiertamente al público, no solo en las tiendas sino también por medio de anuncios en las páginas digitales, ante la inacción de las autoridades.
En una reciente investigación pudo comprobarse que se trata de un negocio altamente rentable, puesto que las ropas ingresan al país en fardos que contienen un promedio de 200 a 300 prendas, las que están clasificadas por tamaños, así como por temporadas. Según los comerciantes, cada fardo de ropa les cuesta entre G. 1.500.000 a G. 2.400.000, lo que significa que las mismas cuestan entre G. 5.000 a G. 8.000 por unidad, y son revendidas al público en G. 20.000 o G. 30.000, de acuerdo con la calidad y el modelo de las ropas.
En un recorrido realizado por algunas tiendas ubicadas en la zona del Mercado 4, Lambaré y Fernando de la Mora se pudo observar que la venta se realiza sin ningún tipo de control, además, sin expedir comprobantes.
Es un hecho ilegal
Por medio de una nota dirigida al ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, la AICP dejó constancia de que se trata de un hecho ilegal y advirtió que la situación afecta directamente a la industria de la confección. La nota, firmada por el presidente del gremio, Santiago Colombino, señala que está vigente la legislación que prohíbe la importación de prendas usadas, considerando que “las importaciones crecientes de artículos de prendería y trapos han provocado graves distorsiones en el mercado nacional de la industria de la confección”.
Asimismo señalan que el Estado debe garantizar una adecuada protección a los consumidores, a fin de evitar mayores perjuicios a la economía. “El hecho de permitir el ingreso y la comercialización de prendas usadas afecta profundamente a miles de familias que dependen de sus puestos de trabajo en la industria”, afirma la AICP.