El cemento tipo 1 (CPI 32), el más requerido para los construcciones, tiene el precio fijado por la INC de G. 23.540 por bolsa (IVA incluido). Esta cotización es autorizada por el Equipo Económico y, de acuerdo con la cementera estatal, se mantiene desde marzo del 2004, pese a que los precios de varios de sus insumos subieron sustancialmente.
Sin embargo, este mismo producto que actualmente tiene una aguda escasez en el mercado, llega al público hasta un 49% más, ya que según pudimos comprobar, en el caso de ser encontrado en algún depósito, alcanza hasta G. 35.000 por bolsa.
Otros exploradores con mayor suerte lo consiguen por G. 34.000, pero lo cierto es que las distribuidoras solo deberían recargar entre G. 2.500 a G. 3.000 por bolsa, sobre el precio oficial de la INC, que es de G. 23.540.
En tanto, la mayoría de los distribuidores asegura que directamente no recibe el producto y que las entregas están dirigidas a una rosca que opera con la cementera estatal, por lo que se ven obligadas a adquirir el producto de estas empresas "privilegiadas".
Algunos incluso hablan de cupos políticos en la distribución de cemento, manejados directamente por políticos influyentes, y citan hasta a diputados (aunque no pudimos saber de quién específicamente se trata) que se inmiscuyen en este tema.

La semana pasada hubo una manifestación frente a la planta de INC, en Villeta, que congregó a distribuidores y comerciantes, quienes declararon estar hartos de ser acusados de especuladores.

MIC SOSPECHA DE LOS DISTRIBUIDORES

Sobre las serias denuncias que circulan contra el manejo en las entregas del cemento de la INC, el ministro de Industria y Comercio (MIC) Raúl Vera Bogado indicó que "por ahora" no intervendrá la cementera, aunque sí informó que seguirán investigando y monitoreando al sector.
Indicó, además, que seguirán los sumarios a las 23 distribuidoras que están en la mira en este momento, porque se rehusaron a aportar datos en el marco de la investigación iniciada por el MIC para detectar prácticas desleales en el comercio.

Dijo también que en el caso de ser encontradas culpables, los depósitos pueden ser pasibles de multas que van hasta G. 40 millones.