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Las candidatas son Benito Roggio; Incovi; el consorcio formado por KBR Group, Isolux Corsam y Alstom; Sacyr Concesiones y el grupo que incluye a Torrescámara, FGV, Vossloh España y Tecnoedil. Las únicas empresas nacionales son Benito Roggio (Emilio Gill) y Tecnoedil (Roque Ardissone). Las demás, empresas extranjeras, también presentaron recientemente al Ministerio de Obras Públicas sus ofertas para ejecutar las obras de ensanche de las rutas II y VII.
Se estima que la puesta en marcha de este proyecto demandará una inversión de 250 a 300 millones de dólares y que en cinco años aproximadamente el tren podrá movilizar diariamente a alrededor de 70.000 personas en el tramo Asunción-Ypacaraí, aunque en principio llegará solo hasta Luque.
En Fepasa no precisaron cuánto tiempo durará el proceso de precalificación, aunque el objetivo es licitar el proyecto este mismo año y comenzar las obras en el primer semestre del próximo año.
El tren será eléctrico, utilizará la franja de dominio del antiguo ferrocarril, aunque con un ancho menor, pues este fue reducido de 40 metros a solo 17 metros, para disminuir los conflictos por ocupaciones. Se estima que hay 1.500 ocupaciones de este tipo desde Asunción hasta Ypacaraí y con cada una de estas personas habrá que negociar.
Despojo
El despojo al Fepasa de más de la mitad de su franja de dominio será posible mediante una ley, aún en estudio en el Congreso, que está siendo impulsada por la Procuraduría General de la República.
Aún así, los pobladores afectados dicen que el proyecto es inconstitucional, porque establece la confiscación de sus terrenos (los que están dentro de la franja de 17 metros) sin indemnización.