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La duplicación de las Rutas 2 y 7, por alianza público-privada (APP), es eso, una duplicación, no una obra que se hará desde cero, dijeron tajantemente profesionales del sector de la construcción que tienen contratos con el Ministerio de Obras Públicas, por lo que prefieren no ser identificados. Según ellos, en lo que ya existe se hará una intervención que consiste en el bacheo y recapado, mientras que lo que se construirá desde cero son los carriles adicionales.
No se explican, dicen, el porqué de los US$ 2,8 millones/km, cuando la obra no debería costar más de US$ 1,4 millones/km, en el peor de los casos, considerando que la construcción de una ruta a nivel regional de dos carriles (ida y vuelta) no supera el millón de dólares. Asimismo, el “bacheo y recapado”, como intervención en lo que ya existe, costaría unos US$ 400.000/km o un poco más.
Por otro lado, la propaganda oficial es que nuestro país logró adjudicar su primer proyecto de alianza público-privada (APP) en tiempo récord. Sin embargo, el proyecto de 30 años de plazo se adjudicó a la única oferta presentada, producto de un acuerdo entre grandes empresas que imposibilitó cualquier competencia.
Las compañías Sacyr (España) y Mota Engil (Portugal), que fueron precalificadas por separado, presentaron finalmente oferta como consorcio, y junto con ellas la paraguaya Ocho A.
El acuerdo se cerró apenas un mes antes de la presentación de ofertas, según el representante de Sacyr, Rafael Gómez del Río.
Hoy por hoy la ley permite adjudicar estos proyectos aun cuando exista una sola oferta, lo cual se presta a eventuales contubernios.
Este y otros aspectos de la ley deberían ser revisados, según el economista Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, para asegurar que firmas de gran porte quieren invertir en el país, pero que también exista competencia.
Según él, no fue una medida acertada licitar esta obra por APP, pues hubiese sido más conveniente utilizar recursos propios o créditos.
En tanto que el consultor y analista económico Stan Canova dijo que considera peligroso el hecho de que se hayan omitido por completo las condiciones del contrato de fideicomiso, que es el núcleo de la APP, según él.