Políticas de crecimiento económico para el Paraguay

¿Es cierto que el FMI es la única puerta que tiene el país para lograr la reactivación económica? ¿El país necesita dinero para el Estado o para financiar a las empresas privadas? ¿Sigue vigente el Consenso de Washington? ¿Una administración sólo debe preocuparse por la estabilidad de los indicadores económicos? ¿Depende el crecimiento de la economía sólo de la reforma del Estado y de las privatizaciones? ¿La financiación del crecimiento sólo puede hacerse con el endeudamiento externo?

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Sergio Sapena Pastor (economista)

El listado de preguntas sobre la política económica que necesita el país, obviamente, es inagotable. Por ese motivo, de nuevo hemos optado este domingo por ampliar nuestro Espacio para el Debate, para recibir el aporte del economista Sergio Sapena Pastor, que ya es conocido por nuestros participantes por sus anteriores intervenciones.

La ponencia al que hoy abrimos nuestras páginas centrales, que fue expuesta ante el IV Congreso Nacional de Economía, celebrado en Asunción en agosto de 2003, aborda si no la totalidad, la mayoría de los tópicos que hoy discute la “clase política”, la prensa y la ciudadanía. El disenso es lógico, por esa razón nuestro espacio se denomina Espacio para el Debate; lo irracional sería que sigamos aferrados a los dogmas o atollados en nuestra incapacidad para la controversia civilizada.

Entorno económico

La estructura y el desempeño económico del país contienen varias características contrastables:

La economía del Paraguay es la más abierta de la región (comercio exterior representa un 55% del PIB comparado con Brasil 17% y Argentina 18%).

El arancel promedio de importación es sólo 9%, y las importaciones promedian cerca del 50% del PIB, con una fracción importante destinada a bienes de consumo y a productos electrónicos destinados a países vecinos.
La estructura de producción parece reflejar la ventaja comparativa de Paraguay en agricultura y agroindustria.

Los gastos de consumo del Gobierno representan el 10% del PIB, y la deuda externa pública y privada del país representa un 25% del PIB; la deuda doméstica es 8,2% y la externa es 15%.

La inversión, como porcentaje del PIB, ha promediado 21,5% durante los años noventa, a pesar de las altas tasas reales de interés.

Las políticas fiscal, monetaria y de tipo de cambio en Paraguay durante los últimos años podrían calificarse como equivocadas. El déficit del Gobierno central no ha excedido el 1% del PIB, en ningún año, entre 1992 y 1996, recién a partir de 1999 este déficit se ha incrementado. Sin embargo, el Gobierno ha impulsado medidas fiscales de reducción de gastos y alza de impuestos para financiar el déficit, que han aumentado la recesión; igualmente las políticas monetarias de elevar las tasas de interés para disminuir la especulación cambiaria ha retornado al Banco Central fondos prestables, que deberían estar dirigidos a la producción. Además de la política cambiaria de defender un tipo de cambio artificial, drenando las reservas internacionales y una falta de inicio de implementación de la Banca Publica de Desarrollo, han aumentado los índices de desempleo y recesión.
La situación macroeconómica del país desde 1997 ha marcado una tendencia preocupante y con repercusiones en la actualidad. La actividad económica que no mantuvo el ritmo de crecimiento de la población en 1997, se proyectaba aún más desalentadora en 1998 y 1999. Esto se debió, en parte, a una aguda disminución del volumen y de las ganancias en las actividades comerciales de triangulación, ya que Brasil y Argentina continúan liberando sus regímenes comerciales y aumentaron los controles aduaneros en la frontera. Las importaciones durante 1998 cayeron un 25% con relación a 1997. La inflación anual se situaba en 14,6%, superior al 6,2% de 1997. Las tasas reales de interés para préstamos en guaraníes y dólares habían aumentado a 30% y 14% respectivamente.

Varios bancos locales cerraron con repercusiones negativas en el sistema de pagos, ya que una parte importante de los depositantes todavía no ha sido reembolsado. La situación financiera de los bancos locales restantes es precaria, y existe la posibilidad de cierres adicionales.

De un superávit en 1990, el balance consolidado del sector público no financiero registró un déficit de 0,8% del PIB en 1997, cercano al 3% en 1999, y se proyecta alrededor del 2% en 2003. Este último dato se debe, principalmente, al aumento de gastos en personal, los cuales se incrementaron del 3% del PIB durante 1990-1992 al 7% del PIB en 1997, y al 17% en 2003.

Otras razones incluyen la utilización de recursos fiscales para inyectar liquidez al sistema financiero, un déficit sin precedente del sistema de seguridad social, y mal desempeño de las empresas públicas.

La situación fiscal y la crisis bancaria han presionado los agregados monetarios. A pesar de una depreciación del 23,8% del guaraní entre 1998 y 1997, las reservas cayeron de US$ 1,1 millones en 1996 a US$ 0,8 millones en 1998, y a US$ 0,7 millones en el 2003. Si los encajes en dólares del sistema bancario en el Banco Central se excluyen, las reservas internacionales netas ascienden a sólo el equivalente de un mes y medio de las importaciones. Este bajo nivel de reservas es preocupante, porque la proporción de reservas con respecto a la base monetaria declinó de 2 a 1, entre 1991 y 1999. En el mismo período, la proporción de reservas al agregado monetario más amplio (M3) cayó de uno a un tercio. Esto aumentó la vulnerabilidad de las autoridades monetarias en caso de ataques especulativos en contra del guaraní.

La crisis financiera del Paraguay fue el problema más serio que tuvo que afrontar la economía del país durante la década pasada. Un sector financiero subdesarrollado y altamente regulado fue de pronto desregulado en un ambiente caracterizado por un implícito seguro de depósitos, y por regulaciones prudenciales incompatibles con el nuevo ambiente. Adicionalmente, lo anterior es aunado a un tipo de cambio que se apreció ligeramente debido a que se utilizó como ancla nominal para bajar la inflación, lo cual causó aumentos en el consumo.

Al primer signo de la crisis, a causa del temor del colapso del sistema, los reguladores muestran indulgencia hacia las instituciones perturbadas e inyectan liquidez al sistema. Pronto el problema se vuelve demasiado grande y los bancos se ven obligados a cerrar, afectando la actividad económica y dañando la confianza en el sistema bancario.

La crisis bancaria comenzó en 1995. No fue totalmente resuelta, y otra oleada de intervenciones bancarias explotó en 1997, que continúa hasta hoy con los últimos acontecimientos del Banco Alemán y Multibanco.

Evidentemente existen signos de corrupción persistentes en todo el sistema económico, existiendo una suerte de “creación de obstáculos para vender facilidades” , y esto ha generado un impacto negativo en la percepción de los agentes económicos, la crisis financiera demuestra varios lados oscuros del sistema de supervisión y de la colocación del dinero del sector público en el sector financiero.

Toda esta situación ha generado una masiva emigración de paraguayos hacia otros países, especialmente el Mercosur y actualmente, en gran medida, hacia los EE.UU. y España. La razón de dicha emigración es mayormente económica; el desarrollo profesional y económico de las familias se ven truncados por la gran informalidad, corrupción y recesión económica.

Asimismo, la falta de inversionistas en el país se debe, en gran medida, a la carencia de servicios que garanticen el acceso a los beneficios que el país ofrece, además la gran informalidad y, por supuesto, la corrupción generalizada.

En base al escenario presentado, este trabajo es un intento de esbozar algunas medidas económicas que deberían implementarse para retomar el impulso del crecimiento de la economía.

En ese sentido escucho y leo últimamente que las autoridades económicas publicas y privadas sostienen que la única manera de lograr certeza económica, luego estabilidad y así la tan deseada “reactivación económica”, es acordar un préstamo respaldado por el FMI.

Este argumento es falso, ya que la certeza económica se logra con variables reales, no nominales; lo que ellos llaman estabilidad significa desempleo; y la reactivación económica se logra con dinero que financie a las empresas privadas, no al Gobierno.

La economía práctica, hoy en día está atravesando grandes cambios en su concepción; durante mucho tiempo, las políticas económicas estaban influenciadas por el llamado “Consenso de Washington”, donde tanto las escuelas de pensamiento como intereses creados en organismos financieros internacionales compartían el liderazgo en cuanto a la aplicación de políticas, y estas eran transmitidas a los países en desarrollo sin mucho espacio para un debate abierto acerca de sus implicancias y efectos en estos países.

Algunos mitos en economía

Ha llegado el momento de persuadir a los que toman decisiones económicas, de que el beneficio debe ser efectivamente sentido tanto por pobres como por ricos, pues ambos extremos comparten el mundo, y la sostenibilidad de las políticas depende de que ambos grupos sean beneficiados.

Generalmente, cuando hablamos de pobres estamos describiendo el nivel económico de la mayoría de la gente de los países en desarrollo, y no de los países desarrollados. Es por eso que debemos encarar políticas de crecimiento que busquen desterrar algunos mitos en economía.

MITO 1:
Que el crecimiento de la economía depende de la estabilidad de los indicadores macroeconómicos.
Mayores ejemplos demuestran que el crecimiento depende más de fundamentos microeconómicos, tales como instituciones, información y acceso a mercados que a mantener estabilidad en las cuentas macroeconómicas.

Durante más de 50 años, los economistas vienen enseñando una receta para cuando un país entra en una severa recesión económica. El Gobierno debe estimular la demanda agregada mediante políticas monetarias o fiscales: recortar impuestos, subir gastos o flexibilizar la política monetaria. La estabilidad, en ese sentido, está mal comprendida, ya que la misma significa frenar el impulso de algunas actividades que realiza el sector público, tales como subsidios habitacionales, alimenticios, entre otros. Lo que realmente precisa la economía es dinámica, el estimulo no debe disminuir sino aumentar. La dinámica significa no estabilizar las cuentas macroeconomicas en el corto plazo, ya que esto frenaría el impulso de mayor plazo.

MITO 2:
Que el crecimiento de la economía depende de la reforma del Estado y de las privatizaciones.
El Paraguay ha crecido, en promedio, un 2% anualmente en los últimos 10 años, si queremos iniciar un salto a otro estadio de desarrollo, la economía debe crecer un 10% sostenidamente, para ello las privatizaciones son irrelevantes; podemos reformar el Estado y vender todas las empresas públicas que seguiremos igual de pobres, pues lo que hace crecer a la economía son los procesos industriales, la manufactura con valor agregado, y no los servicios básicos de empresas privatizadas ni inversiones obtenidas del ahorro fiscal.

Las privatizaciones, generalmente, significan mayor desempleo, esto es, las empresas públicas para ser competitivas, tienen que reducir costos, lo que significa reducir la plantilla de empleados. Al privatizar se disminuyen las compras que el sector publico realiza a los empresarios, y eso significa una menor rentabilidad para ellos, lo que a su vez implica desemplear. Además, las privatizaciones sin un marco regulatorio apropiado generan mayores externalidades negativas, tales como el monopolio privado.

MITO 3:
La financiación del crecimiento se obtiene con endeudamiento externo.

Se sabe, por otras experiencias, que el dinero del FMI o del Banco Mundial nunca van a las empresas privadas. Esa plata se utiliza para pagar intereses de los préstamos del Banco Mundial, de los gobiernos extranjeros y del Banco Interamericano de Desarrollo. Alguna porción se utilizará para financiar gastos del Gobierno central, y el resto para financiar ataques especulativos contra nuestra moneda.

Lo que tienen que hacer los gobiernos es apoyar a sus empresas a producir más, producir bienes y exportarlos, y el dinero externo oficial no es el que va a ayudar a las empresas paraguayas a producir más.

Cuando México inició las reformas y ajustes estructurales monitoreados por el FMI, no fue el dinero de este último el que reactivó su economía. Lo que impulsó la economía mexicana fue una aspiradora para sus exportaciones al mercado americano, financiada por una gran cantidad de dinero, obtenido de empresas norteamericanas.

Lo que conviene no es solamente tener el dinero, sino saber colocarlo, y el dinero del FMI no se coloca en las empresas. Se necesita dinero de empresas norteamericanas, japonesas o europeas que financien la producción y la exporten.

Medidas alternativas

Con respecto a estas políticas de crecimiento, las mismas deben estar orientadas hacia fuera, no hacia adentro. La mayoría de las discusiones económicas en el país se centran en cómo recaudar más, proteger a la industria local, disminuir la inflación o impulsar el consumo interno, cuando que se debería cambiar la visión e impulsar políticas hacia afuera, como generar mayor empleo, inversiones y exportaciones.

Es urgente que las autoridades económicas piensen en un plan c, alternativo a la firma de un acuerdo con el FMI. Dicho plan debería ser de dos vías: por un lado, política fiscal y monetaria expansiva y, al mismo tiempo, y con igual intensidad, políticas de crecimiento. El impulso de corto plazo de la primera vía se encadenaría con las medidas de mediano plazo de la segunda, y así se lograría sostener una senda de generación de riqueza que impulse la economía del Paraguay.

Política fiscal

La política fiscal y la monetaria no son muy relevantes para impulsar el crecimiento de la economía, pero hay que implementar una política de dos vías; por un lado, en el corto plazo se interviene con la política fiscal y monetaria expansiva, para “aceitar” el engranaje económico y evitar la recesión y, al mismo tiempo y con la misma intensidad, con la otra vía se impulsan políticas de crecimiento.

Aún si no tuviésemos medidas alternativas, las políticas de intervención fiscal impulsadas por el Gobierno, llamada “Ley de Transición Económica”, más conocida como “Ley del Impuestazo”, es una política ortodoxa y, por lo tanto, ¡siempre debe ser contra-cíclica!; sin embargo, nuestras autoridades quieren contraer el gasto en plena recesión, lo que lógicamente agudizaría la recesión. Al contrario, ellos deberían ¡impulsar el gasto! (no gasto público) en períodos de recesión, pues esas políticas ortodoxas se utilizan para esos casos.
La política fiscal en economías en recesión debe ser expansiva o, al menos, no debe ser contractiva. Se deben bajar los impuestos y subir el gasto, ya que esto dinamiza la economía, al revés de las políticas impulsadas por el FMI de elevar los impuestos y reducir el gasto fiscal.

El problema de financiación del Estado deviene de un sistema tributario que posee “goteras”, tiene pérdidas, es decir, la recaudación pagada por los contribuyentes no llega a las arcas del fisco.

No se puede implementar una “Ley de Transición Económica” sin antes revisar el sistema tributario, es inconcebible impulsar alza impositiva con el actual sistema de recaudación. Al contrario, habría que reducir la tasa de renta del 30% al 15%; el IVA del 10% al 6%, y ampliar la base de contribuyentes.

En este escenario de corto plazo, la recomendación en política fiscal sería:

Reducir la tasa de impuestos y ampliar la base de contribuyentes para equilibrar el déficit y compensar las subidas del tipo de cambio en los precios.

Cambiar el sistema de recaudación (el modelo de recaudación actual tiene goteras, pérdidas).

Fortalecer el control en los órganos de recaudación.

Reducción de gastos superfluos ahorraría US$ 20 millones al año.

Mantener nivel de gastos corrientes para evitar mayor recesión.

Política monetaria

La política monetaria de enfoque en la inflación se aplica cuando existe un auge, es decir, cuando hay un sobrecalentamiento de la economía, pero no conviene aplicarlas en épocas de recesión. Las elevadas tasas de interés impulsadas por el Banco Central para frenar la especulación cambiaria y la protección artificial del tipo de cambio, drenando las reservas monetarias, pone en dificultades a empresarios incipientes que necesitan acceder al financiamiento y a un tipo de cambio favorable para sus exportaciones.

La contracción económica que genera la utilización de instrumentos monetarios para frenar la inflación aumenta el desempleo y, justamente, la variable empleo es la más importante en momentos de recesión.

En el corto plazo, las recomendaciones de política monetaria son:

Ampliar la banda de intervención cambiaria para anular la especulación por parte de los bancos, así también se evita desangrar las reservas internacionales y permite que el tipo de cambio encuentre su punto de equilibrio.

Reducir las tasas de interés de LRM (Letras de Regulación Monetaria).

Control de capitales para evitar mayor fuga de depósitos al exterior.

Política crediticia

En este momento, los banqueros no desean conceder préstamos por el temor a ser sancionados debido a las duras exigencias en materia prudencial del Banco Central del Paraguay. Los bancos poseen una gran liquidez, pero no pueden refinanciar las deudas a causa de las exigencias de calificación de tomadores de crédito demasiado exigentes, impulsadas por el Gobierno.

En el corto plazo, las recomendaciones de política crediticia son:

Flexibilizar la calificación de riesgo para los tomadores de crédito, para mantener los flujos de crédito.

Evitar los tecnicismos jurídicos para poder refinanciar préstamos al sector agroindustrial por parte del Banco Nacional de Fomento.

Impulsar la creación de un banco de segundo piso mixto.

Políticas de crecimiento

Para hablar de políticas de crecimiento debemos hablar de políticas públicas, las cuales deben apoyarse en instituciones que posean contrapesos. Alguna de las políticas publicas serían:

La necesidad de una política única de inversiones es conveniente, pues una ley única facilitaría utilizar al Paraguay como plataforma de exportaciones, disminuyendo la incertidumbre de contratación de costosos buffets jurídicos y contables, que a veces complican más la comprensión y utilización de los diversos incentivos para invertir, que lo que lo facilitan. Esta política absorbería las demás políticas con respecto a la ley 60/90, ley de maquila y otras.

Una ventanilla única de exportaciones sería un complemento poderoso para acceder a los incentivos que ya existen en el país, tales como baja presión tributaria, bajos costos laborales, capacidad industrial ociosa, devaluación competitiva, entre otros.

No basta que existan los incentivos si no podemos acceder a ellos; o el costo de informarnos acerca de cómo acceder a ellos es muy costoso o a veces inexistente (reglas claras), por lo tanto, esta ventanilla única disminuiría casi por completo el costo de analizar tiempos de entrega de mercaderías, plazos de entrega de permisos oficiales y mecanismos de acceso a los servicios del país.

Una política de encadenamiento de la industria maquiladora de exportación sería una herramienta fundamental para poner en marcha la subcontratación local, que tiene unos efectos multiplicadores asombrosos, tal y como han sido observados en otros países.

Esa política de encadenamiento incluye mecanismos facilitadores para contratar procesos de manufactura, algo parecido a los servicios de contratación de las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) en el Uruguay, más conocidas como Sociedades Off-Shore, con cuyos servicios el Uruguay se encuentra entre los primeros en el mundo, y hoy es una de la principales fuentes de ingreso de divisas.

La creación de instituciones mixtas para desarrollar el acceso al crédito y a la capacitación. Ejemplos en otros países demuestran la importancia de crear instituciones que tengan contrapesos, es decir, sector público y sector privado juntos en una sociedad de derecho privado. Un banco de segundo piso mixto para dar acceso a ventanillas tales como microempresas, agricultores, industrias entre otros y, asimismo, un Centro de Desarrollo Empresarial, que canalice recursos para ventanillas tales como consultorías nacionales, incubadoras de empresas, centros de capacitación, entre otros.
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