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El último informe actuarial del Instituto de Previsión Social (IPS) ha revelado que el régimen previsional que rige a la entidad podría comenzar a tener serios problemas de sostenibilidad dentro de 20 años, aproximadamente (que en términos previsionales es excesivamente corto), si no se lleva a cabo una reforma profunda. En ese sentido, técnicos de Previsión alertan, además, que si persisten las actuales condiciones de aportes, los fondos de la previsional se extinguirán efectivamente en el año 2065.
Al respecto, gremios empresariales, encabezados por la Federación de la Producción la Industria y el Comercio (Feprinco) y algunas centrales sindicales han consensuado que es inevitable iniciar un diálogo tendiente sobre el tema, pero con el agregado de que es necesario llevar adelante una reforma de todas las cajas existentes hoy (Caja Fiscal, la de Itaipú, la de ANDE, la de bancarios, etc.).
La propuesta expresada al respecto es trabajar en una reforma integral para crear un “sistema nacional de seguridad social”, que abarque a todas las entidades y también jubilaciones y salud, antes que realizar cambios parciales al sistema que no van a resolver los problemas que aquejan al sector.
Reconocen que forma parte de dicha reforma la creación de una autoridad regulatoria del sistema (superintendencia de jubilaciones y pensiones); por lo tanto, el diseño institucional previsto (por el Poder Ejecutivo) no solamente es “parcial e insuficiente”, sino que tampoco contempla la necesidad más sentida del ciudadano, que es el acceso a la salud en tiempo y forma.
Añaden que la idea gubernamental no incorpora al 80% restante de la población económicamente activa que hoy día se encuentra sin seguridad social. En tal sentido, dice que la superintendencia debe ser autónoma por el criterio de especialidad, y que debe tener autoridad para supervisar las jubilaciones y también prestaciones de salud, y no formar parte de otra entidad, como el Banco Central del Paraguay (BCP) o la Superintendencia de Seguros.
Alertan, asimismo, que las instituciones citadas más arriba son organismos con fines totalmente diferentes que supervisan empresas con fines de lucro, en contraposición de la seguridad social, que también es un derecho humano fundamental.
Sostienen también las fuentes consultadas que, por las razones señaladas, es necesaria la ampliación del espectro de la normativa, y que parte de la reforma del sistema debe establecer igualdad de derechos y, sobre todo, de obligaciones para todos los sectores, sean públicos o privados. En ese contexto, plantean discutir el “estatus jurídico” del IPS y de la colapsada Caja Fiscal, sostenida por todos.