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Una nota interna firmada por el ahora exgerente financiero de Petropar Luis Gómez, fechada el 12 de octubre de 2016, hace referencia a “los resultados del llamado a concurso de ofertas de Tasas de Rendimientos bancarios, en moneda nacional y extranjera, realizada por la institución”. Desde ese mismo año se incorporó en la ley de presupuesto la obligación para entes públicos de depositar su dinero en el Banco Nacional de Fomento (BNF), pero la petrolera estatal no tenía planes de hacer la transferencia a la banca pública, habida cuenta de que en las privadas su dinero le iba a generar una tasa de interés anual de 2,4%, con la que planeaba pagar parte de sus compromisos con PDVSA.
Las utilidades generadas por esas colocaciones, en guaraníes y en dólares, cubrirían “los intereses que devengan de la deuda refinanciada con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA)”, señala la nota. Menciona una disponibilidad de G. 50.000 millones y US$ 100 millones. La distribución del dólar sería del 20% en bancos privados y 80% en BNF. Planillas de ese mismo año muestran que entonces tenía a la vista US$ 45 millones en bancos privados y US$ 118 millones en BNF.
El dinero generó efectivamente los intereses, según se corroboró después, pero la deuda con PDVSA no fue saldada, incluso hasta hoy, ya que el proceso se encuentra en instancia de arbitraje internacional.
La actual presidenta de Petropar, Patricia Samudio, dijo que por recomendaciones de Gómez y del ahora exgerente general, William Wilka, transfirió US$ 40 millones del Citibank, Itaú, BBVA y Sudameris a los bancos GNB y BASA (ex-Amambay), este del Grupo Cartes). Tras las críticas de sindicalistas y sectores afines, colocó los fondos en el BNF, pese a que el propio titular de la banca pública, Daniel Correa, admitió que tiene limitaciones para algunas transacciones y que por eso hay entes que no pueden transferir el 100% de sus recursos al Fomento.