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El pronunciamiento sostiene que en los últimos años se ha avanzado en el ordenamiento del sistema tributario y fiscal permitiendo un aumento de los recursos públicos y con ello se pudo iniciar la construcción de un Estado que invierte y sirve a la gente, pero que estos cambios son apenas iniciales y persisten varios desafíos.
Expresa que permanece un sistema fiscal injusto e insuficiente y con una presión tributaria del 13%, la más baja de América Latina, no es posible pensar que el Estado tenga los recursos necesarios para desarrollar efectivamente políticas de inversión social de lucha contra la pobreza y de estímulos para el desarrollo económico y social.
Otro punto indica que existe un alto nivel de perforaciones de los ingresos fiscales y, agrega, que en un país con una muy baja presión tributaria y bajos niveles impositivos es un contrasentido que se sigan sancionando leyes que exoneren del pago del impuesto a la actividades productivas, sean ellas agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios. “Como también es contradictorio que existan niveles de impuestos diferenciados que favorezcan a actividades de altas ganancias. Se favorece así a la elusión fiscal o a la legalización de la evasión fiscal”, indica entre otros puntos.