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Los casos de corrupción que salpican a altos funcionarios de la Argentina y que alcanzan a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), también tienen sus ramificaciones en Paraguay, por lo que la justicia debería tomar en serio las denuncias, afirmó el abogado Fidel Walter Cardozo, quien patrocinó una denuncia por lesión de confianza contra las autoridades y funcionarios de la EBY que aplicaron ilegalmente la Nota Reversal de 1992. Ayer sin embargo, la Corte Suprema de Justicia les notificó el rechazo “in limine” de la acción de inconstitucionalidad promovida contra la desestimación de la denuncia, al revés de lo ocurrido en el vecino país, donde el otrora poderoso exministro de Planificación, Julio De Vido, ya se encuentra tras las rejas.
Al respecto, la diputada argentina Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, había solicitado que se investigue “no solo la última década, sino las últimas décadas, porque de otra forma hay funcionarios y empresarios corruptos y otros que son angelicales y se han hecho millonarios por la gracia divina”.
La legisladora se refería a lo publicado en el libro del periodista Luis Gasulla, titulado “El negocio político de la obra pública”, quien afirmaba que Yacyretá es el símbolo más grande de corrupción de los últimos 30 años y menciona que el exministro De Vido mantenía un control total, de punta a punta, sobre la EBY, junto con Óscar Thomas, bajo los gobiernos kirchneristas.
Pero la vinculación con los negociados no corresponde solo a estos últimos años, comenzó mucho antes, según el citado libro. Las empresas vinculadas con la familia del actual presidente Mauricio Macri también fueron señaladas como parte del esquema de corrupción en el proceso de construcción de la hidroelécrica binacional. Sideco Americana y Supercemento son de la familia Macri y formaron parte del consorcio Eriday-UTE, que mantiene un litigio multimillonario con la EBY. Luego del acuerdo firmado por Macri y Cartes el 4 de mayo último, se reavivó el antiguo reclamo por unos US$ 900 millones.
“Club” de la obra pública
En el 2002, el ministro de Economía de Argentina había denunciado la cartelización de la obra pública y acusó, ante las sospechas permanentes de corrupción, a la Cámara Argentina de la Construcción por los negociados en la construcción de Yacyretá. Uno de los miembros de este gremio es Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, titular de la empresa familiar Calcaterra SA y propietario de Creaurban e Iecsa SA, otra de las sospechosas en el caso Yacyretá, señala en su libro el periodista Luis Gasulla.