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Según manifiestan las firmas Thompson INTL, de Ahmad Safía, Bega Import (que tiene en su directorio a Denis Vera, Rolando Galeano) y Aeras Group (conglomerado de firmas importadoras), todos de Ciudad del Este, la solicitud de prorrogar por 90 días la vigencia de esa normativa obedece a que existen varios despachos de contenedores de mercaderías pendientes, cuya compra fue hecha antes de que el citado decreto entrara a regir, razón por la cual esperan que se aplique el principio de “irretroactividad” de las leyes, es decir, que la reglamentación de una ley no puede tener efecto sobre una acción o situación realizada antes de que la normativa saliera.
Las empresas aseguran incluso que, de aplicarse esta normativa sobre los despachos ya realizados, se estaría afectando la libre competencia y el libre tránsito de mercaderías en el mercado nacional.
Acciones
Thompson INTL, Bega SA y Pole SA, propiedad de Roberto Centurión y Reinaldo Darío Poletti (este último, sobrino del ministro de la Corte Suprema Raúl Torres Kirmser), solicitaron este año ante la máxima instancia judicial nuevas acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto 2881, ya que no cuentan con registro sanitario para hacer las importaciones de perfumes y cosméticos.
El decreto N° 2881 entró en vigencia en diciembre de 2014 y fue concebido justamente para evitar el ingreso de estas mercaderías sin tener habilitación sanitaria ni registro del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN). En la reglamentación de esta normativa trabajaron técnicos del Ministerio de Salud, de la Aduana y del INTN.