Cargando...
Mignarro calificó a Petropar "como una máquina de fabricar millonarios", producto de los sobreprecios en las compras de combustibles, fletes y de otra serie de ítem igualmente denunciados e investigados por la Contraloría General de la República.
Apunta igualmente que deben investigarse las fortunas de los administradores de turno de la petrolera estatal, porque es sorprendente, según la denuncia, que uno de los ex presidentes de Petropar, el Dr. Ramírez Russo, haya sido poseedor de depósitos en dinero en efectivo por valor de un millón de dólares. El hecho hubiera quedado oculto si no fuera por la crisis del banco donde se encontraba ese depósito, agrega.
La denunciante, quien es diputada por el Partido Liberal Radical Auténtico, apuntó en su escrito de presentación al fiscal general del Estado que le movía "el deber patriótico como ciudadana paraguaya de defender los intereses nacionales en el campo del mercado del gasoíl, objeto de un inicuo e ininterrumpido saqueo".
Añade el escrito que durante años la sobrefacturación de los fletes ha sido una de las grandes fuentes de ingresos ilegales en Petropar. El transporte hasta Asunción era un negocio adjudicado "a dedo" por quienes ejercían el poder político. No había licitación para la adjudicación de ese servicio, y la única obligación que generaba la concesión era, visiblemente, la de mantener intacta la distorsión en la estructura de costos.
UNO DE LOS BENEFICIARIOS ES EL ACTUAL PRESIDENTE
Asegura igualmente que uno de los beneficiarios del negocio de los fletes ha sido, durante años, Demetrio Rojas Cardozo, con su empresa "Nuestra Señora de la Asunción. Este obsequio lo recibió por haber sido hijo del general Pablo Rojas, quien administró el dinero del Ejército durante todo el gobierno del general Alfredo Stroessner".
Añade más adelante que para generar más ingresos ilegales en el ente, crearon una empresa sin ninguna necesidad para ello, generando un escalón más de intermediación al negocio del gasoíl: IP International/Ultrapar. La misma operaba en Encarnación con depósitos propios y se encarga de la provisión de gasoíl en el sur.
La nota dice que IP International/Ultrapar, proveedora de Petropar, tiene todas las características de una empresa fantasma. En efecto, sus facturas tienen tres direcciones distintas y solo se puede comunicar con dicha empresa mediante un número de fax o a través de casillas de correo en Nassau, Bahamas. Pese a declarar como sede a Bahamas, la firma tiene oficinas en Argentina, oficinas en Paraguay y cuentas bancarias en Francia.
La leonina relación contractual que rigió durante las operaciones de provisión de gasoíl entre IP International/Ultrapar y Petropar no solo beneficiaba al distribuidor con un fabuloso mecanismo que le posibilitaba inflar los precios, sino que también le exoneraba del pago de impuestos en el país.
La Contraloría General de la República, en uno de sus dictámenes, concluyó que el contrato con IP International/Ultrapar presentaba graves irregularidades. Solo en el 2002, la Contraloría cuantificó en US$ 270 millones el daño ocasionado a la estatal en concepto de compras directas, sobrefacturaciones, licitaciones amañadas y malos manejos administrativos.
Además, la empresa se rige por leyes argentinas, con lo cual no le obliga supuestamente a aportar al fisco paraguayo y, finalmente, solicita que es indispensable la investigación del flujo de dinero de las citadas empresas, para poner de relieve un posible destino a altas figuras políticas y administrativas, hecho que explicaría los privilegios acordados a estas empresas, en directo perjuicio de Petropar, concluye la denuncia.
Nacha Sánchez y Mabel Rehnfeldt
Apunta igualmente que deben investigarse las fortunas de los administradores de turno de la petrolera estatal, porque es sorprendente, según la denuncia, que uno de los ex presidentes de Petropar, el Dr. Ramírez Russo, haya sido poseedor de depósitos en dinero en efectivo por valor de un millón de dólares. El hecho hubiera quedado oculto si no fuera por la crisis del banco donde se encontraba ese depósito, agrega.
La denunciante, quien es diputada por el Partido Liberal Radical Auténtico, apuntó en su escrito de presentación al fiscal general del Estado que le movía "el deber patriótico como ciudadana paraguaya de defender los intereses nacionales en el campo del mercado del gasoíl, objeto de un inicuo e ininterrumpido saqueo".
Añade el escrito que durante años la sobrefacturación de los fletes ha sido una de las grandes fuentes de ingresos ilegales en Petropar. El transporte hasta Asunción era un negocio adjudicado "a dedo" por quienes ejercían el poder político. No había licitación para la adjudicación de ese servicio, y la única obligación que generaba la concesión era, visiblemente, la de mantener intacta la distorsión en la estructura de costos.
UNO DE LOS BENEFICIARIOS ES EL ACTUAL PRESIDENTE
Asegura igualmente que uno de los beneficiarios del negocio de los fletes ha sido, durante años, Demetrio Rojas Cardozo, con su empresa "Nuestra Señora de la Asunción. Este obsequio lo recibió por haber sido hijo del general Pablo Rojas, quien administró el dinero del Ejército durante todo el gobierno del general Alfredo Stroessner".
Añade más adelante que para generar más ingresos ilegales en el ente, crearon una empresa sin ninguna necesidad para ello, generando un escalón más de intermediación al negocio del gasoíl: IP International/Ultrapar. La misma operaba en Encarnación con depósitos propios y se encarga de la provisión de gasoíl en el sur.
La nota dice que IP International/Ultrapar, proveedora de Petropar, tiene todas las características de una empresa fantasma. En efecto, sus facturas tienen tres direcciones distintas y solo se puede comunicar con dicha empresa mediante un número de fax o a través de casillas de correo en Nassau, Bahamas. Pese a declarar como sede a Bahamas, la firma tiene oficinas en Argentina, oficinas en Paraguay y cuentas bancarias en Francia.
La leonina relación contractual que rigió durante las operaciones de provisión de gasoíl entre IP International/Ultrapar y Petropar no solo beneficiaba al distribuidor con un fabuloso mecanismo que le posibilitaba inflar los precios, sino que también le exoneraba del pago de impuestos en el país.
La Contraloría General de la República, en uno de sus dictámenes, concluyó que el contrato con IP International/Ultrapar presentaba graves irregularidades. Solo en el 2002, la Contraloría cuantificó en US$ 270 millones el daño ocasionado a la estatal en concepto de compras directas, sobrefacturaciones, licitaciones amañadas y malos manejos administrativos.
Además, la empresa se rige por leyes argentinas, con lo cual no le obliga supuestamente a aportar al fisco paraguayo y, finalmente, solicita que es indispensable la investigación del flujo de dinero de las citadas empresas, para poner de relieve un posible destino a altas figuras políticas y administrativas, hecho que explicaría los privilegios acordados a estas empresas, en directo perjuicio de Petropar, concluye la denuncia.
Nacha Sánchez y Mabel Rehnfeldt