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Tras la publicación del documento que revela que la empresa Sacyr, oferente del aeropuerto, mintió para competir en la licitación para la modernización del aeropuerto, el Sindicato de Empleados y Obreros de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) pide una investigación fiscal de oficio por lo que consideran la evidencia de que los responsables de Sacyr cometieron un delito tipificado por la legislación local como “declaración falsa”, una conducta que está descrita en el artículo 243 del Código Penal, según explicó el secretario general del gremio, Rubén Cáceres.
El mismo agregó que la publicación del documento por la prensa revela que hubo dolo de parte del comité evaluador al mantener en competencia a una empresa con antecedentes que violan el pliego.
Resulta que en su declaración de integridad, Sacyr, que tuvo el soporte del estudio jurídico Berkemeyer, faltó a la verdad negando sus trámites judiciales en otros países como Panamá, Colombia y España.
La copia del documento que obra en poder del Ministerio de Obras Públicas desde junio del año pasado fue publicada por este diario el fin de semana.
En ese sentido, el pliego de bases y condiciones y la misma ley que regula los procesos de contratación vía Alianza Público-Privada, establece la imposibilidad de ser oferentes a aquellos que tengan antecedentes de trámites judiciales por contratos en otros países.
En caso de que un oferente mienta, el pliego obliga a ejecutar la póliza de mantenimiento de oferta, que en este caso es de 6 millones de dólares.
Otras irregularidades
El anterior plan de modernización que tuvo el asesoramiento de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) preveía una inversión de solo 30 millones de dólares. Ahora aseguran que se deben invertir 149 millones de dólares.
Técnicos de la OACI denunciaron que para asegurar la APP del aeropuerto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) manipuló el estudio de factibilidad.
Investigación en curso
El 23 de este mes el representante de Seodinac debe presentarse en el Ministerio Público a ratificarse en su denuncia contra todos los miembros del comité de evaluación.
El comité denunciado ante la justicia está integrado por los ministros Santiago Peña, de Hacienda; Emiliano R. Fernández, STP; Agustín Encina, Claudia Centurión y Ricardo Riego, funcionarios del MOPC; y Víctor Velázquez, de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y unos 40 técnicos.
La denuncia penal hecha por los miembros del sindicato de Dinac incluyó también a los funcionarios: Juan Manuel Cano y Martha Granada, funcionaria del MOPC, quienes alegan que no integran el comité.