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La resolución 910/18 del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), que deja sin efecto la exclusividad que se otorgaba a la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa), a los laboratorios y a las firmas importadoras habilitadas, para la distribución de las vacunas, exigirá que el ente sanitario extienda el control de la administración de las vacunas a las expendedoras habilitadas, explicó en una entrevista con ABC Cardinal el vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguaya (ARP), Manuel Riera. Añadió que se deberá certificar que el manejo de las vacunas se haga con productos de la calidad requerida y bajo los requisitos de seguridad de la cadena de frío y otros que garanticen la capacidad de inmunizar el ganado vacunado.
“Antes se tenía que controlar cuatro o cinco laboratorios, y fiscalizar y controlar el trabajo de la Fundassa, pero ahora, además, tendrá que fiscalizar todos los laboratorios, la Fundassa y las casas expendedoras, etc.”, señaló el dirigente ganadero en la entrevista.
Admitió que el cambio se debió a que las expendedoras de vacunas reclamaron un legítimo derecho, porque para ellas se trata de un producto del negocio o comercio. Sin embargo, agregó, que desde el punto de vista de los organismos de sanidad, la vacuna es un instrumento que debe garantizar la debida inmunización del hato ganadero.
“La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es lo que se quiere proteger? La salud animal, la inmunidad total del hato ganadero. Si es así, entonces habría que poner acento en garantizar que la vacuna sea eficiente y que su manejo sea suficientemente trazable o controlable”, recomendó.
Según Riera, de esa forma, cuando vengan las auditorías internacionales y nos pregunten cómo estamos controlando todo eso, se les pueda demostrar debidamente. Trajo a colación que el modelo de organización de la Comisión de Salud Animal Zonal N° 17, que se experimentó con éxito en Caazapá, constituye un modelo de eficiencia en el sistema de vacunación.