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Si bien la ciudadanía reclama mejor servicio de transporte público y menor tarifa del pasaje, los empresarios del sector siguen disconformes con la reciente reducción de tarifa dispuesta por el Gobierno, basada en el menor precio del diésel y del dólar. Desde el pasado 1 de enero, rige la rebaja de G. 100 por cada boleto del transporte público con servicio diferencial (de G. 3.600 a G. 3.500), mientras que el convencional permaneció en G. 2.300 pero se redujo el subsidio estatal.
Alejandro Zuccolillo, titular de la Cotrapar, dijo que hay tres parámetros elementales que no pueden quedar fuera del cálculo, que son los costos operativos: la cantidad de pasajeros transportados (que recién se sabrá con precisión con el boleto electrónico) y el monto que la empresa gasta en combustible de acuerdo con el recorrido que realizan sus buses. Además, se deben incluir la depreciación de los colectivos, el mantenimiento dependiendo de la calidad de las calles o empedrados, según lo indicado.
Esta postura es similar a la que recientemente expuso César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), y que fue duramente cuestionada por usuarios tanto en sondeos realizados por ABC como a través de las redes sociales. De hecho, otro de los puntos criticados al empresariado es que, además de que no prestan un óptimo servicio, están recibiendo subsidio por cada boleto expedido.
De acuerdo con los datos oficiales, en el 2018 el subsidio al pasaje para 32 empresas permisionarias fue por un total de G. 23.800 millones (US$ 4 millones al cambio actual). Recientemente, el Gobierno dispuso bajar dicho subsidio de G. 100 a G. 47 para el servicio convencional (se redujo 57 guaraníes) y aumentar de G. 358 a G. 375 para el diferencial (aumentaron 17).
Para Zuccolillo, las reducciones dispuestas tanto en el subsidio como en el precio final del pasaje no tuvieron en cuenta la competencia desleal que existe en el rubro, ya que mientras algunas empresas invierten en nuevas unidades y cumplen la ley, otras tienen en el mercado sus chatarras que circulan con amparo judicial. “Para aumentar la cantidad de pasajeros y mejorar la calidad del servicio es absolutamente necesario eliminar la competencia desleal, reducir la flota total, dar preferencia de carriles a los buses”, resaltó. Según lo añadido, el ente regulador debe ser más riguroso en el control sobre los buses ilegales, porque perjudican al sector y a los usuarios.
Tanto Cotrapar como Cetrapam están esperando indicaciones del Viceministerio de Transporte sobre la reunión con el Equipo Económico para discutir sobre la tarifa y temas afines.