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Aunque el presidente de Fepasa, Ing. Roberto Salinas, adelantó ayer ante nuestra consulta que él está tranquilo porque todos los actos emprendidos por la entidad a su cargo son “informados y previamente discutidos con el Gobierno”, el procurador Roberto Moreno dijo que sabe que llegó una nota de la Coop. Ferroviaria “Carlos A. López” y que estudiará detenidamente el caso.
La misiva, firmada por el titular de la cooperativa, Abog. Luis C. Jara, y otros directivos, corresponde al informe trimestral que la citada entidad eleva a las autoridades en cumplimiento del contrato de mandato firmado con Fepasa en 2010 para reconstruir el ferrocarril en su tramo histórico Asunción-Encarnación, con apoyo de capital europeo. El proyecto ha sido congelado por el Gobierno, pero los exferroviarios reivindican la validez del acuerdo.
“Recordamos que el contrato de mandato está vigente, es axiomático y de cumplimiento legal, por lo que es imprudente que Fepasa diga (...) que el mismo es nulo por sí y para sí, pues hay que considerar que no existe la nulidad por la nulidad misma”, afirma la nota. Pero, por otro lado, se mete de lleno a advertir que el Ing. Salinas y su gente están dando “un abierto y vil golpe a la existencia del ferrocarril y un boicot directo al contrato de mandato para disuadir la sana intención de reactivar el ferrocarril”.
Alega también que Fepasa está “desviándose de su objeto social” que es fijado por su propio marco legal. Se refiere a disposiciones del Decreto N° 17061/2002 y la Ley 1615/2000, que fijan los objetivos en “la prestación de servicios ferroviarios y actividades derivadas (...). Tales servicios y actividades se podrán prestar por sí o por terceros sobre la franja de dominio del ferrocarril”.
Agregan que “tanto la construcción de la autopista Ñu Guasu, el asfaltado de la Ruta VIII, el proyecto de ciclovía en Sapucái, la invasión, loteamiento y otros tantos males en menoscabo del bien público ferroviario nada tienen que ver con el objeto social que está obligado a cumplir Fepasa”.
Esta “descarrilada administración del tren” debe ser frenada, para lo cual la Procuraduría debe intervenir el Ferrocarril, dice la petición.
Los bienes ferroviarios son considerados históricos, y por ello también están protegidos por otras leyes.