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En representación de los funcionarios y referentes campesinos, el abogado Hugo Waldino Lovera presentó un escrito en la sede de la Fiscalía General para urgir la apertura de una carpeta dedicada a la “presunta comisión de hechos punibles” en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), presidido por Justo Cárdenas, relacionada exclusivamente al programa de catastro rural denominado Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT). Lovera presentó hace tres meses la denuncia al respecto, pero ninguna investigación se ha iniciado.
De abrirse una nueva causa, se sumará a otras relacionadas a la administración actual del ente agrario, como por ejemplo, el caso de aparentes coimas en la dependencia llamada Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), el caso de los “pozos de oro” y el de supuesto enriquecimiento ilícito de Justo Cárdenas.
Al mismo tiempo, los compatriotas afectados por el SIRT hacen un llamado a los legisladores para que rechacen el proyecto de ley que había presentado Cárdenas el año pasado, por medio del cual pretende que dicho catastro rural deje de ser sólo un programa para pasar a constituirse en una dependencia permanente del Indert. Eleuterio González, de la zona de Juan de Mena (Cordillera), señaló en tal sentido que más bien tendría que desintegrarse el SIRT y fortalecerse el Indert, porque “se burlan de los campesinos” al entregarles “certificados de adjudicación” y no títulos de propiedad.
A través de un comunicado del ente, Cárdenas señaló que inmediatamente después de haberse iniciado la protesta de los campesinos, les convocó a una reunión para dialogar sobre las dudas y necesidades expresadas y así evacuar todas las inquietudes del grupo, pero eso no se concretó debido al retiro de los manifestantes.
El presidente del instituto aclaró que los certificados de adjudicación que se han entregado son papeles simbólicos, pero que se basan en resoluciones de adjudicación, que es un proceso previo a la emisión de títulos. Aseguró que el SIRT es “el legado más trascendental” que se está dejando al país, “profundizando el desarrollo rural, con transparencia, legalidad y legitimidad”.