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En la nota se mencionan cuatro puntos: incumplimiento del plazo de los sumarios administrativos en el proceso de determinación tributaria; violación de la potestad tributaria y mal desempeño de funciones; violación del deber de sigilo de la administración y conflicto de intereses de la máxima autoridad de la SET, Marta González Ayala.
El sindicato indica que existen en la SET numerosos sumarios administrativos que exceden considerablemente el tiempo establecido por la Ley 125/91, a pesar de que se culminaron todos los pasos del sumario y puesto a disposición de la viceministra, en donde se encuentra pendiente de resolución. Además, expresa que delega la potestad tributaria a la Abogacía del Tesoro y viola el secreto de las actuaciones con este procedimiento.
En lo que respecta al conflicto de intereses, señala que la máxima autoridad de la SET “se constituye en juez y parte”, porque dice que es de público conocimiento “que la misma es propietaria de una conocida firma de auditoría y justamente la principal bandera de su gestión es depurar el registro de auditores externos impositivos” y, con ello, dejar fuera a gran parte de los auditores.
Esta situación, agrega, desembocaría en que “las auditorías impositivas de los contribuyentes sean canalizadas a empresa/s vinculada/s a responsables actuales de la conducción de la administración tributaria”. Pide la revisión de un expediente donde se comprueba que “la empresa vinculada a la señora viceministra contrata con el Estado y otras empresas privadas”.