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Petropar presentó al público este lunes, como si fuera toda una novedad, lo que en el sector privado se denomina “tarjeta flota”, un mecanismo para abastecer combustibles a los clientes corporativos utilizando un plástico magnético y administrado vía internet.
Lo llamativo es que la entidad se asoció con una red de estaciones de servicio cuyos establecimientos prácticamente no se observan en la capital, y muchos de los propietarios de estos sellos y operadores de estaciones de servicio que trabajan con estas banderas adeudan al ente –y no le pagan– cifras millonarias. Algunos de los emblemas asociados a la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac) y que forman parte de este convenio son: Petromax, 3MG, Fuelpar, Gasur, Corona e Integral.
La petrolera estatal proveerá combustible al Estado a través de estos sellos y en otros casos en forma directa, con expendedoras propias, de muy difícil control, por lo que podría convertirse de nuevo en otro grifo abierto, en detrimento de las arcas del Estado.
Más sugestivo aún es que Petropar se convertirá en abastecedor exclusivo de entidades del Estado que le adeudan cifras siderales, por lo que la petrolera seguirá suministrando productos “a un barril sin fondo” y permitiendo que se incremente el “saldo rojo” que mantienen con ella las demás instituciones colegas.
De acuerdo a datos recientes, al 31 de marzo último, los entes estatales descentralizados le adeudan G. 175.000 millones, US$ 39 millones al cambio actual. Por citar solo algunos, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) le adeuda un total de G. 51.259.519.024, a pesar de haber incluso arribado a un acuerdo para disminuir el pasivo, seguido por la Presidencia de la República, que al 31 de marzo alcanzó G. 636.831.869. Si citamos los pasivos de las entidades descentralizadas, los números asustan. En el caso de la Industria Nacional del Cemento (INC), que en su mayor parte fueron originadas en la actual administración, le adeuda a Petropar G. 120.374.982.804.