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La erogación prevista en este concepto rondaría los G. 12.000 millones, según el dato oficial.
El año pasado, la administración de Eddie Jara había acordado con cuatro funcionarios, que costaron G. 2.400 millones a la empresa del Estado.
Esto había generado cuestionamientos dentro de la empresa porque se establecieron elevados montos, de entre 450 millones y 850 millones de guaraníes a los beneficiados, que inclusive estaban a punto de jubilarse. Otros cuestionados retiros voluntarios se registraron entre 2011 y 2014.
Las críticas se daban porque los titulares de turno aparentemente dirigían la elección de candidatos hacia sindicalistas o personas vinculadas al poder de turno. Algunos de los casos llegaron a los estrados judiciales, pero no precisamente por la dilapidación de los recursos, sino por la filtración de la información “confidencial” de la empresa.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de la Función Pública, entre 2013 y 2018 se acogieron al plan de retiro voluntario un total de 1.181 funcionarios. Según la ley, podrán volver a la función pública después de 10 años.