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El punto 7 de la declaración conjunta celebrada entre las altas partes contratantes señala la necesidad de la contratación por la ANDE y Eletrobras de la totalidad de la potencia instalada disponible en Itaipú, para lo cual las autoridades de ambos entes debían establecer las modalidades.
Para ello, además de asegurar “la división en partes iguales entre los dos países de la totalidad de la energía producida en la usina, conforme a lo previsto en el tratado”, los directores debían tener presente que, en un balance, nuestro país no debía sufrir perjuicio global en relación a la actual modalidad de contratación.
Sin embargo, ninguno de los dos puntos incluidos en el parágrafo del acuerdo se cumplieron, puesto que la ANDE incrementó su contratación de potencia, pero al mismo tiempo redujo el retiro efectivo de la energía secundaria o excedente.
Según consta en los registros, desde el 2013, la potencia contratada por la ANDE se incrementó en un 44%, pero el retiro de la energía excedente fue solo del 18%.
Cabe mencionar que tampoco se cumplió lo estipulado en un acuerdo operativo pactado en el 2002 por medio de una resolución del Consejo de Administración de la Itaipú, en el cual se establecía que la energía secundaria no garantizada debería ser asignada conforme a la potencia contratada.
A esto se suma “el perjuicio” de que, en el 2013, la energía de Itaipú costó 28,34 US$/MWh a la ANDE, mientras que, en el 2014, el costo de la energía estuvo en torno a los 30 US$/MWh, y en el 2015 subió a 32,35 US$/MWh, a pesar de que la tarifa de potencia de la central hidroeléctrica se mantuvo en US$ 22,60 kW/mes en todos esos años.
Hay que tener en cuenta que, en todo este periodo, el actual Consejo de Administración de la Itaipú Binacional tuvo como miembros a tres altos funcionarios representantes, quienes debían estar en pleno conocimiento de los acuerdos referidos, pero que fueron soslayados.
Los tres consejeros que representan a la ANDE son el presidente de la estatal, Ing. Víctor Romero Solís; el Ing. Sixto Duré y el Ing. Osvaldo Román Romei, quien incluso estuvo como asesor de la Dirección Técnica de Itaipú desde el 2010 antes de integrar el Consejo desde ese año hasta la fecha. Cuando asumieron las actuales autoridades de la binacional, hasta habían establecido como “hoja de ruta” los términos del acuerdo del 2009; sin embargo, eso no se cumplió.
Resoluciones violan tratado
Las resoluciones del Consejo de Administración RCA 020/2002 y del Directorio Ejecutivo de la Itaipú RDE 145/2002, en las que se establecen los acuerdos operativos según los cuales la energía secundaria debe ser retirada en función a la potencia contratada, son dos documentos internos de la Itaipú y si en realidad rigen las relaciones comerciales entre la ANDE e Itaipú, debe concluirse que están por encima de los mandamientos del tratado, afirmó el Ing. Axel Benítez, técnico del sector eléctrico.
“Es una confirmación más de la violación del Anexo C”, añadió, recordando que ni los consejeros ni directores pueden tomarse esa atribución.