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En este caso la denuncia es por la supuesta comisión de delitos como “lesión de confianza y asociación criminal”, y la investigación está a cargo del fiscal José Dos Santos, quien ayer confirmó a nuestro diario que definió los “puntos de pericia” y los profesionales que estarán a cargo del trabajo de verificación del “superviaducto”, inaugurado hace casi cuatro meses por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
En ese sentido, el agente del Ministerio Público nombró a la Arq. Olga Fleitas y a la Ing. Ross Franco como las responsables del peritaje, y explicó que las mismas se constituirán en el superviaducto, pero recién una vez que el MOPC remita todos los documentos relativos a la ejecución de la obra. “Tras esa constitución, los peritos tendrán 30 días hábiles para presentar sus conclusiones”, precisó el fiscal. A inicios de mes, la Fiscalía pidió al MOPC el proyecto final del “superviaducto” para comprobar los cambios en el diseño, pero faltan algunos informes, según la fuente.
Con respecto a los objetivos de la investigación, Dos Santos dijo que ordenó los siguientes “puntos de pericia”: 1. comprobar la cantidad de obras certificadas con las realmente ejecutadas y su concordancia, y 2. corroborar el cumplimiento o no de las condiciones de la calidad de la obra y determinar el valor de la obra.
Las profesionales nombradas por el Ministerio Público actuarán acompañadas por otros peritos propuestos por la defensa, en este caso por dos de los denunciados, el viceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y Esteban Sarubi, secretario general y jefe de Gabinete del MOPC, según el informe.
Dos Santos también explicó que el denunciante, el Ing. Germán Pankow, no presentó querella adhesiva y por ende no propone ni perito ni “puntos de pericia” al no ser parte. Pankow dice en su denuncia que hubo cambios en el diseño original que afectó el costo, pues –según él– la constructora (la firma española Corsán-Corvián) obvió obras, con lo que se ahorró casi US$ 3 millones.
Hasta ahora ya declararon los ingenieros Armando López, René Peralbo y Julio Vidal, como testigos del viceministro Cano, quienes alegaron que las modificaciones se hicieron para que el proyecto sea ejecutable y viable, y que si bien se dejaron de hacer algunas obras, se compensaron con otras. La lista de denunciados incluye también al ministro Ramón Jiménez Gaona, y varios miembros del comité evaluador del proyecto: Dionisio A. Mereles, Roberto C. Enrique y Claudia Centurión.
Más datos de la obra
El MOPC adjudicó la obra del “superviaducto” por un total de G. 124.210 millones al grupo español Isolux Corsán, que luego apareció citada en medio de una investigación de la Justicia española sobre una red de pagos de comisiones para conseguir adjudicaciones de obras en varios países, entre ellos Paraguay, según diversos informes.