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Intercom Ingeniería fue denunciada el 11 de marzo pasado por la Dirección General de Aduanas ante la fiscalía porque ingresó decodificadores para TV, supuestamente sin pagar los tributos correspondientes.
Según la denuncia, la empresa, propiedad del candidato a diputado Carlos Núñez Salinas, del movimiento Honor Colorado de Horacio Cartes, pagó tributos sobre unos US$ 17.706, valor que le dieron a la carga de decodificadores, despachada el 21 de octubre de 2011.
Sin embargo, una investigación de la Coordinación Administrativa de Coordinación Aduanera (CAIA) determinó que el despacho realizado por la citada firma en esa fecha tenía un valor de US$ 1.026.000.
Esto indica que la empresa en cuestión evadió pagar impuestos sobre un poco más de un millón de dólares solo con esta carga.
Tras la denuncia de Aduanas, la Fiscalía de Delitos Económicos designó al fiscal René Fernández para atender en el caso.
Sin embargo, Fernández fue recusado por Rubén Melgarejo Lanzoni, abogado de la firma Intercom Ingeniería. Melgarejo Lanzoni recusó igualmente a Carlos Arregui, fiscal adjunto de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
La recusación se basa en que ambos fiscales llevan adelante un proceso en contra del abogado Melgarejo Lanzoni por supuesta coima, producto de la denuncia que presentó en 2007 el ciudadano francés Frederic Houdard. El proceso se inició el 21 de mayo de 2007, cuando los fiscales Arregui, Fernández, Liliana Alcaraz y Arnaldo Giuzzio (candidato a senador, actualmente) montaron un procedimiento encubierto, con cámara oculta contra Melgarejo Lanzoni.
Rechazaron
Sin embargo, ayer se informó desde la fiscalía que ambos profesionales rechazaron la recusación planteada por la defensa de la empresa Intercom Ingeniería. Ahora, la decisión de mantener a René Fernández en la investigación del caso o designar a otro representante del Ministerio Público está en manos del Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón.
La evasión o subfacturación es una vieja práctica que sigue vigente en Aduanas y que cuenta con la complicidad de funcionarios del ente y despachantes.