Paraguay ya no quiere migajas, exige que le devuelvan sus derechos

El río Paraná, cuyo caudal es la razón de ser de Itaipú, pertenece en condominio al Paraguay y al Brasil (Tratado. Art. I). Su energía debe dividirse en partes iguales (Art. XIII); pero, en 31 años recibió apenas el 6,79% del total y le pagaron US$ 2,9 por cada MWh de su excedente.

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La fugaz presencia del controvertido actual presidente del Brasil, Michel Temer, en Asunción, programada para esta tarde, debe aprovecharse para recordarle –no estamos seguros de que nuestras autoridades lo hagan– que la República del Paraguay tiene una extensa lista de reclamos aún desatendidos, pese a que ya transcurrió casi medio siglo en esta asimétrica sociedad conocida como entidad binacional Itaipú.

En el pergamino adjunto intentamos incorporar los reclamos más relevantes, de acuerdo con nuestra experiencia en la cobertura periodística de este delicado y exigente tema.

¿A marcar territorio?

Pese a los fantasiosos anuncios de algunos medios, especialmente los que hoy integran la privilegiada cadena de medios oficiales y semioficiales, estamos convencidos de que Temer viene con la intención de “marcar territorio” y no precisamente a reanudar las inconclusas negociaciones que arrancancaron en 2009 o a “sentar las bases” de las tratativas que deberán iniciarse en 2023, porque el 13 de agosto de ese año caducará el plazo de ¡50 años! que establece el Art. VI del Anexo C, “Bases Financieras y de Prestación de los servicios de Electricidad de la Itaipú”.

La retahíla de promesas, e incluso acuerdos sucriptos que fueron turbinados en la portentosa hidroeléctrica o sencillamente arrojadas por el vertedero de la represa, curtieron la piel del pueblo paraguayo, razón por la cual observa, con mucha incredulidad, cualquier movimiento bajo la pesada losa de la entidades binacionales.

La nueva experiencia que está viviendo en Yacyretá y con Yacyretá, incrementa su desconfianza. En efecto, en el Tratado paraguayo/argentino, en un artículo casi similar, también en su Anexo C, establece un plazo de 40 años para la revisión de las disposiciones de ese documento. Transcurrieron dos años y casi siete meses desde el cumplimiento de ese plazo y nada cambió y, peor aún, ni a las autoridades paraguayas les inquieta esa grave actitud dilatoria.

rcasco@abc.com.py

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