Cargando...
Esta situación preocupa a los trabajadores, “porque tienen capital parado y existe un incierto panorama en lo concerniente a la venta de azúcar y alcohol, que se está volviendo dramático”.
Explicó que a nivel nacional cuentan con 400 trapiches que producen miel, 24 fábricas de caña, 14 productoras de azúcar y cuatro fábricas de alcohol. Varias de ellas tienen en stock materia prima varada y también productos terminados, cuyos industriales están esperando la posibilidad de venderlos, dijo Rodríguez.
En ese sentido, señaló que en las diferentes industrias hay en existencia cerca de 50 millones de litros de alcohol que están tratando de vender a los diferentes emblemas, 18 millones de kilos de miel negra, 11 millones de litros de caña blanca.
Agregó que para tratar de paliar la crítica situación los industriales asociados a Cical llegaron a un acuerdo con los directivos de Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa). El ente alcoholero, como política de gobierno de lucha contra la pobreza y de priorizar el apoyo al sector productivo, se comprometió a recibir este año un total de 2.500.000 litros de caña blanca.
El mercado nacional está saturado de productos que ingresan de otros países, con precio más barato, hecho que impide a los industriales locales competir. Explicó que el bajo rendimiento productivo que se genera en una hectárea de área cultivada con caña dulce repercute en la productividad y en su rentabilidad.
En ese sentido, dijo que mientras en Brasil y en China sacan 120 toneladas por hectárea, en nuestro país hay sectores que no alcanzan ni 50 ton/ha. Esta situación encarece el costo de producción.
Aclaró que se llegó a esta situación porque durante muchos años no se asistió a los productores, que no recibieron capacitación para mejorar sus terrenos, que vinieron degradándose. Ahora los cañicultores necesitan, además de asistencia técnica, apoyo económico y reclaman precio justo.
Recordó que, además de lograr que Capasa vuelva a recibir desde este año caña blanca de los industriales, también trabajan con una “comisión de crisis”, que está integrada por empresas privadas, la Cical, el Centro Azucarero y preside el ministro de Hacienda, Germán Rojas.
En esa instancia vienen trabajando para frenar el contrabando de azúcar, tratar de que el Gobierno introduzca el alcoflex para el uso del parque automotor estatal y de empresas que operan con el Estado y extender la venta a nivel nacional. Con todo eso lograrán colocar los carburantes que se producen en nuestro país.
Asimismo, dijo que están viendo de qué manera se puede negociar la deuda de más de G. 35.000 millones de la fábrica Iturbe, paralizada hace más de cinco meses, todo eso en el intento de reactivarla.