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Explicó que actualmente el servicio de la deuda pública (lo que debe pagar el Estado por la deuda contraída) asciende a más de 500 millones de dólares, sin incluir los bonos, por lo que insiste en que se está caminando por un sendero peligroso.
Ramírez señaló que gran parte de esta nueva deuda en bonos servirán para pagar deudas anteriores, una operación que a su criterio no es lo más lógico, adecuado ni recomendable porque denota que faltan recursos para pagar los compromisos.
A esto se suma, agregó el analista, el hecho de que los fondos provenientes de las anteriores colocaciones de bonos continúan sin ser utilizados, pero ya se están pagando los intereses por estos proyectos no desarrollados.