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El acuerdo marco entre los Gobiernos del Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia para la provisión de gas natural, gas licuado de petróleo y otros derivados del crudo, que fue presentado por el Ejecutivo al Congreso, y está a punto de ser ley, fue originalmente redactado por el Departamento de Comercio Bilateral y Comisiones Bilaterales de Comercio, dependiente de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de un “Protocolo adicional al acuerdo de alcance parcial Nº 16, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), entre la República del Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia”.
El artículo V del borrador de Protocolo propuesto por la Cancillería Nacional no designa a Petropar como operador exclusivo de Paraguay, sino que todas las empresas del país podrían ser operadores. Luego, sin embargo, el documento fue modificado y pasó a denominarse simplemente como “Acuerdo”, y en su Art. II, designa como único operador a la petrolera estatal.
Según acusa el sector privado, Petropar busca con el acuerdo ser importador exclusivo de GLP de Bolivia, ya que hoy puede importar de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) así como lo hacen las demás empresas, sin inconvenientes. Lo que llama la atención del interés del Gobierno en este acuerdo y que el mismo se convierta en ley, es en la exclusividad en la importación para Petropar, ya que no existe otro atractivo en el mismo, pues tampoco se garantizan menores precios.
Alegan que si el Gobierno no decide subsidiar el precio de venta es una mentira que la estatal pueda ofrecer menores tarifas como pregona el ministro Gustavo Leite.
Para los negociados
El sector privado sostiene que el interés de Petropar para incursionar en el gas no es el interés común de la gente, sino los negociados que puedan lograr en el marco del plan, como ya se evidenció con los US$ 5 millones que estuvieron a punto de sobrefacturar en la compra de garrafas.