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La ONG Ceidra, responsable del derogado decreto 1937/09 de uso de plaguicidas en el agro, se convierte ahora en la principal portavoz del Senave en materia de empleo de agroquímicos, denuncia el presidente de la Asociación de Productores de Soja (APS), Francisco Regis Mereles.
La letrada Silvia González Escauriza se encargó de instalar la agenda de la ONG Ceidra como objetivo prioritario del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), porque tras ser directora jurídica del ente público, ahora pasó a ser asesora jurídica "externa" sin dejar de pertenecer a la citada ONG, y tras dejar nombrada como funcionaria pública a su hija Leticia Escauriza en la dirección de asuntos internos, según los documentos recibidos.
"El Senave no cuenta con un equipo técnico jurídico capaz de analizar el alcance de su propia ley, considerando que las instituciones del Estado deben estar al servicio de toda la comunidad. La institución evidencia que está subordinada a los caprichos de algunas ONG, a juzgar por la asesoría externa que recibe", lamenta Regis.
El titular de APS desacreditó las declaraciones de González vertidas en la prensa sobre el supuesto mal uso de los plaguicidas por parte de Regis Mereles. "La APS está impulsando entre sus asociados la implementación de las buenas prácticas agrícolas en los cultivos de soja, y sin molestar a los funcionarios del Senave se logró que la agricultura empresarial paraguaya llegue hoy al sitial mediante la aplicación de modernas técnicas de producción", sostuvo.
En relación al decreto 2048/04, que fue aludido por González, Regis dijo que fue una malograda norma y que es de cumplimiento imposible, razón por la cual se tiene previsto remplazar con la nueva reglamentación sobre plaguicidas.
Dicha normativa establece que Senave fiscalice la tarea de pulverización aérea en actividades agrícolas y para el efecto, el interesado deberá solicitar con 24 horas de anticipación el comisionamiento de un funcionario técnico, cuyo costo de traslado correrá por cuenta del interesado.
Señaló que en el referido artículo es donde surge el inconveniente sobre la inaplicabilidad de esta norma, porque si al mismo tiempo los aproximadamente 48.000 productores de soja requieren de una aplicación terrestre de plaguicidas, el Senave no tendría suficiente logística para atender todos los requerimientos. Además, los funcionarios públicos no trabajan sábado ni domingo.
También señaló que dicha normativa, en su artículo 8º habla de que en caso de efectuarse la pulverización en lugares cercanos a zonas pobladas, el responsable de la aplicación tiene la obligación de comunicar con antelación a los vecinos colindantes e instituciones públicas y privadas de la labor que se efectuará e indicar por medios visibles el área de tratamiento.
"Los ataques de plagas en la agricultura no avisan, no tienen reloj ni calendario y los cuidados sanitarios que se asumen al cultivar se inician desde el mismo momento hasta cosechar", expresó y añadió que a lo sumo, el Senave debería implementar un plan de uso correcto y adecuado en la aplicación.
Aclaró que no habla de los pequeños productores, como algodoneros, sesameros y otros que no están fuera de las reglas. "No estoy oponiéndome a las reglas ni intentando infringir las normas, pero las instituciones encargadas deberían convocar a personas más entendidas para la discusión de estas cosas. Hay funcionarios nuevos que ni siquiera diferencian un cultivo de otro", criticó.
Regis recorrió toda la semana en la zona de producción y se puso orgulloso, según dijo, al ver tantas inversiones en construcciones civiles, apertura de bancos y financieras, maquinarias, etc., con un óptimo desarrollo vegetativo de los cultivos actuales. Expresó también que "la ponderable situación agrícola actual es posible gracias a las técnicas aplicadas por los productores y al clima que está acompañando; sin embargo, de las propias autoridades del Gobierno provienen hoy los palos que golpean a la gallina de los huevos de oro, nuestra base económica nacional".
Finalmente lamentó que como si todo eso fuera poco, el presidente del Senave, Miguel Lovera, acaba de emitir la Resolución 555/10, que establece tasas por fiscalización para aplicación de plaguicidas, a razón de 524.901 guaraníes a una distancia de hasta 200 Km de la capital y 640.717 guaraníes a una distancia superior a los 200 Km. de la capital.
"Como conclusión, o el presidente Lugo ya no controla lo que ocurre a su alrededor o sus funcionarios de confianza tienen luz verde para manejar las instituciones a sus antojos", puntualizó.
La letrada Silvia González Escauriza se encargó de instalar la agenda de la ONG Ceidra como objetivo prioritario del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), porque tras ser directora jurídica del ente público, ahora pasó a ser asesora jurídica "externa" sin dejar de pertenecer a la citada ONG, y tras dejar nombrada como funcionaria pública a su hija Leticia Escauriza en la dirección de asuntos internos, según los documentos recibidos.
"El Senave no cuenta con un equipo técnico jurídico capaz de analizar el alcance de su propia ley, considerando que las instituciones del Estado deben estar al servicio de toda la comunidad. La institución evidencia que está subordinada a los caprichos de algunas ONG, a juzgar por la asesoría externa que recibe", lamenta Regis.
El titular de APS desacreditó las declaraciones de González vertidas en la prensa sobre el supuesto mal uso de los plaguicidas por parte de Regis Mereles. "La APS está impulsando entre sus asociados la implementación de las buenas prácticas agrícolas en los cultivos de soja, y sin molestar a los funcionarios del Senave se logró que la agricultura empresarial paraguaya llegue hoy al sitial mediante la aplicación de modernas técnicas de producción", sostuvo.
En relación al decreto 2048/04, que fue aludido por González, Regis dijo que fue una malograda norma y que es de cumplimiento imposible, razón por la cual se tiene previsto remplazar con la nueva reglamentación sobre plaguicidas.
Dicha normativa establece que Senave fiscalice la tarea de pulverización aérea en actividades agrícolas y para el efecto, el interesado deberá solicitar con 24 horas de anticipación el comisionamiento de un funcionario técnico, cuyo costo de traslado correrá por cuenta del interesado.
Señaló que en el referido artículo es donde surge el inconveniente sobre la inaplicabilidad de esta norma, porque si al mismo tiempo los aproximadamente 48.000 productores de soja requieren de una aplicación terrestre de plaguicidas, el Senave no tendría suficiente logística para atender todos los requerimientos. Además, los funcionarios públicos no trabajan sábado ni domingo.
También señaló que dicha normativa, en su artículo 8º habla de que en caso de efectuarse la pulverización en lugares cercanos a zonas pobladas, el responsable de la aplicación tiene la obligación de comunicar con antelación a los vecinos colindantes e instituciones públicas y privadas de la labor que se efectuará e indicar por medios visibles el área de tratamiento.
"Los ataques de plagas en la agricultura no avisan, no tienen reloj ni calendario y los cuidados sanitarios que se asumen al cultivar se inician desde el mismo momento hasta cosechar", expresó y añadió que a lo sumo, el Senave debería implementar un plan de uso correcto y adecuado en la aplicación.
Aclaró que no habla de los pequeños productores, como algodoneros, sesameros y otros que no están fuera de las reglas. "No estoy oponiéndome a las reglas ni intentando infringir las normas, pero las instituciones encargadas deberían convocar a personas más entendidas para la discusión de estas cosas. Hay funcionarios nuevos que ni siquiera diferencian un cultivo de otro", criticó.
Regis recorrió toda la semana en la zona de producción y se puso orgulloso, según dijo, al ver tantas inversiones en construcciones civiles, apertura de bancos y financieras, maquinarias, etc., con un óptimo desarrollo vegetativo de los cultivos actuales. Expresó también que "la ponderable situación agrícola actual es posible gracias a las técnicas aplicadas por los productores y al clima que está acompañando; sin embargo, de las propias autoridades del Gobierno provienen hoy los palos que golpean a la gallina de los huevos de oro, nuestra base económica nacional".
Finalmente lamentó que como si todo eso fuera poco, el presidente del Senave, Miguel Lovera, acaba de emitir la Resolución 555/10, que establece tasas por fiscalización para aplicación de plaguicidas, a razón de 524.901 guaraníes a una distancia de hasta 200 Km de la capital y 640.717 guaraníes a una distancia superior a los 200 Km. de la capital.
"Como conclusión, o el presidente Lugo ya no controla lo que ocurre a su alrededor o sus funcionarios de confianza tienen luz verde para manejar las instituciones a sus antojos", puntualizó.