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YBYRAROBANA, Dpto. de Canindeyú (Pablo Medina, corresponsal).La magistrada capitalina comisionó a la jueza de Paz de Hernandarias, Ana Ávalos, para el cumplimiento del mandato, acompañada del geógrafo Blas R. Pavón.
Al enterarse del procedimiento, unos 500 ocupantes de la propiedad se movilizaron para forzar la suspensión de la diligencia judicial.
La jueza de Paz comisionada optó por suspender el procedimiento y retirarse del lugar.
Sólidos argumentos
Los lugareños reaccionaron rápidamente ante la sospecha de ilegalidad del procedimiento judicial.
El actual intendente local, Manuel Cuenca Recalde (ANR), aseguró que, de las casi 40.000 hectáreas, unos 600 colonos, que ocupan unas 21.000 hectáreas, poseen títulos expedidos por la Dirección de Colonización Militar (DCM), y que aún falta regularizar la situación de otros 900 ocupantes de la propiedad.
“Tenemos sólidos argumentos para defender la propiedad donde está asentado el nuevo municipio. Nunca antes nadie reclamó como suyas las tierras que ocupan más de 20.000 personas”, precisó el jefe comunal.
Según Tomás Recalde Benítez (69), uno de los antiguos lugareños, la propiedad perteneció originalmente a la familia Parodi, dueña de la firma “Ygurey Yerbales y Estancias SA”, y después administrada por la DCM, para luego transferirse al Instituto de Bienestar Rural (IBR), hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Varios colonos afirman que iniciaron ante el Indert pagos por los lotes, pero hasta la fecha no cuentan con los títulos correspondientes.
Títulos sin tierra
El título del inmueble, individualizado como finca 27, padrón 48, ya fue rechazado en una oferta al Indert, debido a que presuntamente está superpuesta a otra finca.
Según los antecedentes, parte del mismo inmueble había sido ofertada al Indert en su momento por María Teresa Cáceres, por un monto de casi siete millones de dólares, durante la gestión del expresidente Luis Ignacio Ortigoza.
Sin embargo, técnicos del ente agrario cotejaron las coordenadas de la propiedad y estas no coincidían con el título de propiedad de la oferente, por lo cual la propuesta fue rechazada por la entidad agraria.
La venta del terreno a la estatal fue presionada en su momento por familias campesinas, las que pretendían apoderarse de la finca 470 (ubicada dentro del terreno que disputan herederos y lugareños), la cual es de dominio ancestral de miembros de la etnia aché, que hasta ahora son acosados por los carperos.
Desconocimiento
Sin embargo, el abogado Fernando Ferreira, representante legal de los herederos de Fernández Ibarra, admitió que desconoce la oferta al Indert y que insistirán en que se haga la mensura judicial ordenada en el lugar y que fuera frustrada por los lugareños.
“La oposición de los vecinos no modifica ni altera la realización de la misma. Todo se hace constar en acta de procedimiento”, razonó el abogado Ferreira, representante de los supuestos propietarios.