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Los asistentes al evento, que “hace propia” la medida argentina (calificada de arbitraria por los armadores paraguayos), tuvo también la adhesión del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos del Paraguay, filial del SOMU argentino (ver facsímil), “abren el paraguas” al argumentar que “nada en su espíritu, ni en su origen, proviene de intereses locales o de ningún puerto en particular, y que, por el contrario, persigue que esa actividad logística agregada en las cargas argentinas se vuelquen en puertos argentinos o en aquellos países del Mercosur que tengan vigentes acuerdos de transporte bilaterales o multilaterales”.
La disposición obliga a que de la dimensión usual de 319 metros de largo por 60 de ancho, se deberá pasar a 236 por 50, lo que obliga a los armadores paraguayos a dejar tres barcazas “Tipo Jumbo” o cuatro “Mississippi” en un amarradero argentino. Según el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, esta operación representa un “desmembramiento apreciable” del convoy, y obliga a utilizar prácticos o remolcadores argentinos para este tramo de la navegación.
Sobre el punto, Ricardo Pico, también miembro de la Comisión Nacional de la Hidrovía Paraguay-Paraná, alertó que el objetivo final de los sindicatos del vecino país, en presumible complicidad con las autoridades argentinas, es reducir cada vez más la distancia de recorrido para las embarcaciones con bandera paraguaya. “Esto podría implicar, en poco tiempo, que lleguen solamente hasta Corrientes, y que desde allí la travesía sea completada por prácticos y marineros argentinos, dejándonos sin trabajo”, advirtió.