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La construcción del alcantarillado sanitario había sido otorgada en 2009 por el Servicio de Saneamiento Ambiental (Senasa) por G. 5.500 millones a DC Ingeniería, del Ing. Luis Duarte y la planta de tratamiento, que debía estar ubicada en la compañía Riachuelo Tajy, adjudicó a la empresa Ocho A SA, por valor de G. 3.500 millones. La firma nunca se presentó para realizar el trabajo, porque supuestamente los lugareños se opusieron.
Un tercer contrato otorgado fue para la fiscalización de las obras y fue adjudicado al Consorcio Sanitario de Néstor Airaldi, por la suma de G. 950.000.000.
El proyecto incluía una estación de bombeo de los residuos domiciliarios y la planta de tratamiento, cuyo predio, a 6 km de la ciudad, había sido donado por el exfiscal general del Estado, Aníbal Cabrera Verón.
Dávalos no pudo explicar fehacientemente el motivo del abandono de las obras ni por qué algunas ni siquiera iniciaron la construcción.
El proyecto tenía un costo de G. 10.000 millones, pero actualmente llegaría a los G. 13.000 millones.